En un sistema penitenciario históricamente diseñado para albergar población masculina, la incorporación del género femenino al mundo carcelario ha sido un completo desafío. El aumento de las mujeres en la realidad penitenciaria ha sido explosivo en los últimos años debido al endurecimiento de las penas de los delitos de hurto y tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, que son delitos más comunes entre mujeres, entre otras razones por la necesidad que existe de generar recursos para sus familias.

Respecto de la calidad procesal en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad en nuestro país, podemos diferenciar que un 46% se encuentran en condición de imputadas, mientras que un 54% como condenadas. Asimismo, la mayoría de ellas se encuentran en establecimientos administrados por el Estado y tan solo un 19% se encuentran en cárceles concesionadas.

Al tratarse de una población minoritaria, las mujeres padecen de un encierro más gravoso y vulnerable: hoy en día, de los ochenta recintos penitenciarios existentes en el país solo ocho son exclusivos de mujeres; de ellos, dos se encuentran en la Región Metropolitana. En la mayoría de las regiones del país no existen centros penitenciarios femeninos, sino que las mujeres se encuentran en módulos o secciones separadas del resto de la población penal dentro de unidades penales masculinas.

Ese es el caso en la Región de Aysén, en donde actualmente existen dos unidades penales masculinas con módulos femeninos: uno Coyhaique y otro en Puerto Aysén. Se trata de unidades antiguas y en las que, debido a la escasa infraestructura, el acceso a actividades de ocupación de tiempo libre de las reclusas, se ve fuertemente mermado por la escasa oferta y la dificultad de responder a la segmentación que exige la norma interna de gendarmería.

No podemos desconocer que frente al repentino aumento de la población femenina en los recintos penitenciarios, en los últimos años se han observado avances en lo que respecta a Derechos Humanos de mujeres privadas de libertad, sin embargo, hay otras muchas garantías que se siguen vulnerando, al tratarse de una población minoritaria y tal vez por ello, olvidada.

En este sentido, como Defensoría Penal Pública debemos insistir en que los procedimientos penitenciarios se adapten y actualicen respecto a temas tan sensibles como, por ejemplo, mujeres embarazadas y maternidad, en razón a registros corporales. Y es que, pese a que Gendarmería mantiene algunas resoluciones y protocolos en relación con estos temas, ellos requieren de una esencial revisión y actualización, puesto que hasta el día de hoy se ven fuertemente vulnerados algunos derechos al llevarse a cabo estos procedimientos.

Uno de los puntos más importantes y en los cuales estamos aún al debe regionalmente es el cómo logramos materializar la reinserción social de estas mujeres privadas de libertad, en la única cárcel que hoy en día alberga a condenadas, que equivalen a un 7% del total de la población condenada en  la Región de Aysén.  La verdad es que, a la fecha, no estamos entregando las herramientas necesarias para que estas internas puedan reinsertarse adecuadamente al medio libre una vez lograda la libertad. 

Lamentablemente, la realidad país no es tan distinta: hoy en día muy pocas mujeres se encuentran gozando de beneficios intrapenitenciarios, puesto que la mayoría de los programas de intervención están desarrollados para la población masculina, faltando programas con enfoque de género que logre subsanar este problema, sumado a que la oferta programática se encuentra centralizada principalmente en Unidades de la Región Metropolitana, dejando así aún más olvidadas a las mujeres de las regiones extremas.

Las mujeres condenadas en nuestra región, sufren históricamente ? además de su sanción penal - el olvido de un sistema penitenciario pensado exclusivamente en los varones y la marginación por pertenecer a una región extrema.