El abogado jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Joaquín Bizama, se refirió a las declaraciones emitidas por el alcalde de Guaitecas Marcos Silva, respecto a un recurso de protección interpuesto y sobre lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Señaló el abogado que el INDH toma conocimiento en octubre de 2023 sobre el racionamiento eléctrico que estaba sufriendo la comuna de Guaitecas, específicamente sus localidades de Melinka y Repollal. 

"Recibimos denuncias de personas que se encontraban muy afectadas por este racionamiento, toda vez que son personas electrodependientes, es decir necesitan de energía eléctrica para que los equipos de los que depende su salud y vida puedan funcionar. Otros afectados son insulinodependientes, requiriendo de la energía eléctrica para tener refrigerados sus medicamentos y así mantenerlos en buen estado. También existen personas que sufrieron situaciones de mucha angustia y trastornos adaptativos, producto de este racionamiento el que redundaba en no tener señal telefónica para poder comunicarse con familiares del territorio continental, y por ultimo también existen personas que tienen pequeños comercios que producto de este racionamiento, deben incurrir en gastos extras de su bolsillo, para mantener en buen estado los alimentos y productos que tienen a la venta, afectando con ello su capacidad económica", detalló Bizama. 

Agregó que, en 2023, Melinka y Repollal sufrieron racionamiento eléctrico en los meses de febrero, junio, agosto y octubre. Luego en 2024 vuelve a imponerse el racionamiento eléctrico nocturno desde el 19 de marzo, el cual duraría 86 días. Dada esta contingencia, el 17 de mayo de este año, el INDH interpone un recurso de protección en favor de 5 personas en contra de la empresa municipal eléctrica de Melinka y en contra de la Municipalidad de Guaitecas, al concluir del análisis del caso que los continuos racionamientos eléctricos en Melinka y Repollal se deben lamentablemente a una mala administración de la empresa municipal eléctrica de Melinka y la falta de supervisión por parte de Municipalidad de Guaitecas. 

"Advierte además el recurso de protección, que este racionamiento eléctrico afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y ejercer actividades económicas, todos consagrados en la Constitución Política de la República". 

Bizama indicó que, desde la presentación del recurso hasta su alegato, transcurren 2 meses, tiempo en el cual se había transferido el subsidio desde el gobierno regional que finalmente sostiene el funcionamiento de la empresa municipal eléctrica poniendo termino al racionamiento eléctrico. La Corte, al conocer del recurso, resuelve rechazarlo porque indica que para determinar la responsabilidad de la empresa y de la municipalidad, se debía iniciar un procedimiento de lato conocimiento ante la justicia ordinaria, no siendo posible determinarlo a través de este procedimiento sumario como es el recurso de protección.

"En este punto es importante señalar que la Corte de Apelaciones de Coyhaique en ninguna parte del fallo señala que el actuar de la municipalidad y la empresa eléctrica ha sido siempre apegado a las normas legales que debe cumplir. Por el contrario, es la misma Corte la cual ya ha vislumbrado en casos anteriores los problemas en la administración de la empresa municipal eléctrica, señalando, por ejemplo, en la sentencia del recurso de protección Rol 97-2024 que "de los antecedentes tenidos a la vista, también se deja entrever deficiencias en la administración en la empresa municipal, las cuales explican en parte la falta de recursos para la continuidad misma del servicio".

El abogado añadió que el actuar del Instituto Nacional de Derechos Humanos se enmarca dentro del mandato legal que la ley le otorga, apuntando hacia la protección de los derechos de todas las personas que habitan en Chile, con el objetivo de que las vulneraciones de derechos que sufran, en este caso personas electro e insulinodependientes, y la población de Guaitecas en general, puedan terminar. 

"En este contexto, el INDH busca a nivel regional que el Estado a través de sus distintos organismos e instituciones garantice la igualdad ante la ley y un nivel de vida digno para los habitantes de nuestra región. Por último, manifestar nuestra permanente disposición al diálogo con todos los actores involucrados, así como el compromiso con las acciones que favorezcan la visibilización de temáticas que afectan a las personas desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, todo ello con la intención de colaborar en las soluciones que requiere esta como otras comunas de la región de Aysén", concluyó Joaquín Bizama.