Con gran entusiasmo, y no poca fanfarria, hemos presenciado el reciente lanzamiento del nuevo Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE). Este plan, que se desarrollará en un horizonte de 10 años, ha anunciado con orgullo una inversión de más de 2,5 billones de pesos, lo que en principio parecería una señal de compromiso y responsabilidad por parte del Estado para reducir las históricas brechas que han frenado nuestro desarrollo.

No hay duda de que estas inversiones, si bien necesarias, reflejan la conciencia gubernamental sobre las dificultades estructurales que enfrentan las regiones extremas de nuestro país. Infraestructura deficiente, acceso limitado a servicios básicos y una desconexión geográfica que sigue poniendo trabas a nuestro crecimiento, son problemas que requieren soluciones concretas y urgentes. Es en ese contexto que uno valora la intención del Estado de abordar estas necesidades a través de una inversión decidida.

Sin embargo, una vez que se analizan los detalles del plan, especialmente en lo que se refiere al eje económico y productivo, la decepción es inevitable. Las organizaciones relacionadas al sector silvoagropecuario, un pilar fundamental en la economía de nuestra región, parecen haber sido relegadas en esta planificación. 

A pesar de los esfuerzos previos por parte de nuestro gremio en conjunto a organizaciones de toda la región, para proponer iniciativas concretas que pudieran colaborar en la reactivación económica desde este sector, nuestras ideas no han sido consideradas. Esto no solo es una oportunidad perdida, sino una señal preocupante sobre la falta de visión integral que se necesita para un verdadero desarrollo económico regional.

El sector silvoagropecuario no solo produce alimentos y materias primas fundamentales, sino que también genera empleos y mantiene vivas nuestras tradiciones rurales y en nuestra región cumple un rol geopolítico fundamental, para mantener ocupación y soberanía efectiva en territorios aislados, no olvidemos que es precisamente en el sur de nuestra región donde Chile aún posee una zona cuyo limite no está definitivamente fijado. Ignorarlo en la planificación de un proyecto de desarrollo de esta envergadura es desconocer las realidades productivas de nuestra región y, en última instancia, atentar contra la diversidad y sostenibilidad de nuestro crecimiento económico.

Es fundamental que el Estado revise y ajuste el PDZE para incluir las propuestas de nuestro sector, garantizando así que el desarrollo no solo sea un objetivo de inversión, sino una oportunidad real para todos los actores regionales. Solo así podremos avanzar hacia una reactivación económica que no deje a nadie atrás.