Rosa Pesutic Vukasovic, Secretaria de Finanzas Regional Aysén del Partido Comunista de Chile
Recurrir al Tribunal Constitucional -TC- es una acción que se asume con esperanza, pero cuyo resultado es definitivamente incierto. Más aún si se solicita a ese TC que defina la inconstitucionalidad de un proyecto analizando la Constitución espuria del `80. Así y todo es necesario, porque el TC es un órgano autónomo del Estado y debe actuar acorde a la Ley.
El TC está formado por 6 ministras y 4 ministros y fueron ellas/os los que por unanimidad declararon admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados contra la megareforma tributaria el jueves recién pasado. Para esta operación se unieron diputados y senadores del Partido Comunista, Socialista, Democracia Cristiana, Liberal, Por la Democracia y Frente Amplio, quienes con esta acción le pusieron freno a un proyecto que la derecha intentó imponer de manera rápida haciéndole el quite a los controles constitucionales.
Ahora el TC desentrañará los vericuetos del proyecto y mirará con lupa las áreas impugnadas, referidas a la invariabilidad tributaria y las materias medioambientales. Lo que se cuestiona es que el proyecto de megareforma le entrega un blindaje por 20 años a las inversiones que superen los 350 millones de dólares, congelándoles las reglas del juego a perpetuidad a estos grandes capitales, atentando contra la soberanía fiscal del Estado. La invariabilidad tributaria favoreciendo a los millonarios, de allí que a esta reforma se la conozca como la Reforma de los Súper Ricos. En el caso de materias medioambientales se impugna el seguro estatal para inversiones privadas en caso que se revoque una resolución de certificación ambiental RCA. En la práctica esto implicaría que el Estado chileno debería indemnizar a las empresas si la institucionalidad ambiental descubre irregularidades en sus proyectos. ¡Insólito! Empresas millonarias presentan proyectos con deficiencias en la ley ambiental y es el Estado quien debe pagar sus errores. Y sabemos que cuando se dice que es el Estado el que paga, en realidad termina pagando el trabajador/a, que vive de un sueldo, una pensión o de lo que gana de manera esporádica.
Modelo que se aplica a rajatabla en la Argentina de Milei y ya sabemos cómo está resultando en el país vecino este esquema. Ni a Milei ni a Kast les preocupa lo que pasa con el pueblo, y están regalando las riquezas del país a los multimillonarios.
Los congresistas ya aprobaron la fórmula de compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Debieron haberla rechazado porque era una mala opción. Ahora la oposición está evaluando presentar una cuarta impugnación por este tema, ya que claramente es un regalo a las grandes fortunas.
Pronto se sabrá la resolución del TC e, independiente del resultado, es el pueblo de Chile el que debe defender los derechos sociales, el empleo, los sueldos dignos y frenar el robo al país.



















