Desde el año 2022, la Región de Aysén ha experimentado una disminución alarmante en los recursos asignados al Programa de Recuperación de Suelos Degradados, impulsado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Durante décadas, este programa ha sido una herramienta clave para el fortalecimiento del sector agropecuario en la región, pero en los últimos tres años los fondos sectoriales se han mantenido por debajo de la tendencia histórica, afectando gravemente a los productores locales.
Esta situación ha generado una seria preocupación en los gremios agrícolas y campesinos. Desde OGANA, en coordinación con diversas organizaciones campesinas de prácticamente toda la región, hemos venido insistiendo en la necesidad de suplementar los recursos disponibles con el presupuesto regional, dada la inacción prolongada de las autoridades responsables.
Finalmente, este año se ha anunciado la apertura de concursos para este programa, financiados con presupuesto regional, lo cual es un paso positivo. Sin embargo, este avance llega tarde y solo subraya la deficiente gestión de la Seremi de Agricultura y, en especial, de la Gobernadora Regional. La falta de apoyo durante tres años consecutivos ha tenido consecuencias graves, particularmente en la producción de forraje, afectando directamente a la cadena productiva de la carne. Esto no solo debilita la economía local, sino que incrementa la vulnerabilidad del sector ante eventos agroclimáticos adversos.

Lo más preocupante es que la situación parece empeorar. La propuesta de Ley de Presupuestos presentada para este año, revisada en la página de Dipres, proyecta una dramática reducción en los fondos destinados al Programa de Recuperación de Suelos. Según el subtítulo 24, se anticipa un recorte del 27% en el presupuesto de Indap y un 64% en el del SAG en comparación con el año en curso. Esto implica que, de no corregirse, las consecuencias para la productividad agrícola y la economía de nuestra región serán aún más devastadoras.

Este programa ha demostrado ser una de las políticas más valoradas por el sector productivo en Aysén, no solo por su impacto directo en la recuperación de suelos degradados, sino también por su capacidad para dinamizar la economía local. Su implementación activa consultorías, moviliza el comercio, transporte, todo tipo de servicios y una extensa cadena de valor que genera empleo y fortalece la producción de carne. Además, mejora la competitividad de los productores, quienes pueden incrementar su capacidad productiva y enfrentar con mayor fortaleza las fluctuaciones del clima.

Es imperativo que nuestros parlamentarios tomen cartas en el asunto. Los instamos a poner especial foco en asegurar los compromisos necesarios por parte del Ministerio de Agricultura para revertir esta alarmante disminución de recursos. El futuro del sector agropecuario de Aysén está en juego, y con ello, el bienestar de miles de familias que dependen de una cadena productiva cada vez más debilitada.

Es tiempo de que nuestras autoridades reconozcan la importancia de este programa y actúen con celeridad para garantizar una asignación suficiente de recursos. Solo así podremos enfrentar las graves consecuencias que ya están afectando a nuestros productores y preservar un sector que es clave para la economía de nuestra región.