Nuestra labor como Fiscalía se funda en el principio de objetividad al investigar las denuncias que recibimos, las cuales poseen un amplio rango de afectación que va desde los daños, delitos contra la propiedad, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios, delitos económicos o contra la probidad administrativa, entre otros.

En todos estos hechos y muchos más, representamos los intereses de la comunidad, sus necesidades de seguridad y tranquilidad y que asimismo, aspira al desarrollo de un Estado que de solución a sus problemas más habituales, invirtiendo bien los recursos de todos los chilenos.

En esta línea, los funcionarios estatales pueden verse involucrados en investigaciones por fraude al Fisco, denuncias que requieren ser investigadas en profundidad para descartar o confirmar que un empleado público haya defraudado o consienta en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a otras entidades públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 239 del Código Penal.

También podrían ser objeto de investigaciones asociadas al tráfico de influencias, descrito en el artículo 240 del Código Penal, donde se describe que será sancionado el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual intervenga en razón de su cargo.

En el tráfico de influencias, el empleado público se vale de su posición privilegiada en el Estado, para influenciar a otro funcionario público, ya sea en beneficio propio, de parientes, asociados o conocidos, entre otros.

Ambos delitos, el fraude al fisco y el tráfico de influencias, son un riesgo real para la democracia y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, el fraude al fisco debilita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de gran necesidad y además, erosiona la confianza de las personas en las instituciones gubernamentales. Por su parte, el tráfico de influencias afecta la democracia al permitir que intereses particulares influyan indebidamente en las decisiones políticas y administrativas, degradando la necesaria igualdad de oportunidades e imparcialidad que el Estado debe tener con la comunidad.

Por lo mismo como Fiscal, sé que es fundamental que cada denuncia de fraude al fisco o tráfico de influencias sea investigada de manera imparcial y objetiva, porque una investigación rigurosa puede contribuir a prevenir futuros casos de corrupción y promover la siempre necesaria ética en la gestión pública. 

Debemos llegar a la verdad en este tipo de casos, indagar, solicitar diligencias y pericias, tomar declaraciones, contrastar versiones, aclarar todo lo que sea posible para descartar o confirmar la veracidad de la denuncia o participación de uno o más imputados.

Lo que buscan nuestras investigaciones como Ministerio Público es dar certeza jurídica de que un hecho ocurrió o no, lo cual sirve para establecer de manera objetiva una verdad judicial en torno a cada caso.