Los delitos sexuales son parte de nuestra constante preocupación y ocupación como Fiscalía en la Región de Aysén, debido a su complejidad tanto por las consecuencias personales que implican para cada víctima como por la necesidad de obtener pruebas durante la investigación a fin de tomar las decisiones jurídicas que correspondan en cada caso. Además, lamentablemente, somos una de las regiones con mayor porcentaje de ocurrencia de estos delitos en todo Chile.
Hasta hoy y durante este año, un total de 238 casos por delitos sexuales habían sido ingresados a las distintas Fiscalías de la región. 142 de esos casos se refieren a hechos ocurridos en la jurisdicción de Coyhaique; es decir, un 59,7% del total de denuncias del año en curso, mientras que 77 casos, un 32,4%, se han denunciado en Aysén y el resto en otras jurisdicciones de nuestra región.
Un amplio número de estos casos tiene relación con abusos sexuales, violaciones y estupro a niñas, niños y adolescentes, entre otros hechos que, por cierto, no pueden dejarnos indiferentes como sociedad. Adicionalmente, el año pasado recibimos en total 507 denuncias de casos y 430 el año 2022. En tanto, el año 2021 recepcionamos 338 casos y 289 el año 2020, lo cual devela un aumento sostenido de denuncias por este tipo de delitos.
Para abordar este tipo de casos, la Fiscalía cuenta con fiscales especializados en la investigación y asimismo, con profesionales expertos en nuestra Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, quienes apoyan, orientan y contienen a cada una de las víctimas que son derivadas para una atención.
¿Qué más podemos hacer como instituciones públicas y como ciudadanos para intentar prevenir este tipo de delitos, denunciar su ocurrencia o brindar el apoyo correcto? Los delitos sexuales son una trágica realidad que nos debe involucrar a todas y todos, porque son hechos que dejan una huella difícil de reparar en las víctimas.
Para ello, desde nuestro punto de vista, es fundamental fortalecer la educación y la conciencia pública sobre los delitos sexuales. Esto incluye la implementación de programas educativos en colegios y comunidades que enseñen a niños y adolescentes sobre la existencia de delitos, el respeto, los límites personales y la necesidad de denuncia. Además, es necesario que los adultos aprendan a reconocer las señales y sepan cómo actuar ante este tipo de hechos.
Por ello, un aporte concreto ha sido el proyecto piloto en el ámbito de los delitos sexuales, por parte de profesionales expertos de la Fundación Amparo y Justicia, ejecutado en colegios de la Región de Aysén.
El proyecto capacitó a profesores y colaboradores de la educación, con el propósito de estar preparados ante la develación de un delito, entregándoles conocimientos relevantes a los participantes para evitar la victimización secundaria.
Como Fiscalía y finalmente, como sociedad, nos vemos beneficiados con este tipo de iniciativas porque nos ayuda a disminuir la cifra de delitos sexuales que no se denuncian, por ejemplo, por prácticas inadecuadas al momento de recibir un relato.
Debemos facilitar el proceso, porque muchas víctimas suelen no denunciar por vergüenza, miedo o desconfianza en el sistema. Es un desafío constante generar un entorno de apoyo a las víctimas para que se sientan protegidas y escuchadas.
También, como Estado de Chile, es urgente aumentar los recursos disponibles para la investigación de este tipo de delitos. En este punto, siempre será necesario contar con más fiscales y profesionales capacitados, sumado a mejores herramientas y tecnología para la recolección de pruebas que puedan ser presentadas ante los Tribunales de Justicia.
Paralelamente, las instituciones públicas, tanto de justicia como de salud, organizaciones privadas y la sociedad civil, debemos trabajar unidas para otorgar una respuesta más coordinada y efectiva, dentro de un ecosistema más seguro y justo para todos y todas las víctimas de delitos sexuales en Aysén.