Este Mes de la Mujer, y precisamente el 8 de marzo, llegó con buenas noticias para todas: se aprobó, después de siete años de tramitación en el Congreso, el proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Como directora de un servicio que trabaja directamente en esta materia, no puedo sino agradecer a las y los parlamentarios que decidieron dar un gran paso, con la vista puesta en alcanzar un Chile donde todas las personas puedan vivir y desarrollarse de manera digna y segura en sus territorios.

Sin embargo, como ya sabrán, el proyecto aún no puede ser promulgado como ley, debido un requerimiento de inconstitucionalidad levantado ante el Tribunal Constitucional (TC) por parlamentarios de oposición, que tacha de "sesgo ideológico" un inciso que señala que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista. Lamentablemente, este recurso fue acogido por el tribunal en cuestión el día jueves 21 de marzo. 

Sin embargo, pese a lo que finalmente ocurra con dicho inciso, el texto consta de 60 artículos que, de acuerdo al mismo TC, están listos para ser promulgados por el Presidente Gabriel Boric. La Ley Integral va.

Para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) esto es especialmente significativo. ¿Por qué? La transformación permanente y dinámica de las problemáticas de género, demanda cambios en el modelo de abordaje conceptual de los fenómenos. Estos cambios inicialmente vienen dados por el avance en materia legislativa y rediseño de las políticas públicas. Este, es el actual escenario en materia de Política pública que hoy en día sitúa tanto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). 

Actualmente, la institucionalidad de género se encuentra transitando técnicamente en la implementación de un nuevo modelo de intervención social para el abordaje de la violencia de género. Los cambios que conlleva esta nueva forma de intervención implican un despliegue técnico institucional enfocado en la reformulación de los programas de Violencia contra las Mujeres.

En este marco el abordaje de intervención en el fenómeno de violencia se enfrenta a través de tres Programas que son: Prevención, Atención Inicial y Recuperación de Autonomías de las mujeres. En el ámbito de la Prevención en Violencias de Género se incorpora un enfoque comunitario/territorial. Y respecto de la oferta de atención directa para mujeres que sufren violencia, se reorganiza la atención en dos programas diferenciados, permitiendo que la atención sea más integral, rápida y oportuna, con acompañamiento profesional especializado, como psicólogo/a, abogado/a y Trabajador/a social. 

Por otra parte, en este proceso de rediseño de las políticas públicas en materia de género, las ex casas de acogida se transforman en residencias transitorias. Por lo tanto, el trabajo que se realiza está orientado al fortalecimiento de sus redes naturales y comunitarias, con el objetivo de que las mujeres y sus hijos/as puedan reintegrarse a su vida cotidiana en el corto plazo.

Este cambio en el nuevo modelo de intervención social en violencia, se fortalece justamente con la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta Ley amplía las medidas cautelares; fortalece el rol de representación jurídica del SernamEG; incorpora a niños, niñas y adolescentes como víctimas de la violencia que viven sus madres y/o cuidadoras; extiende el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstetra, entre otras.

Es por eso que esperamos que el TC se pronuncie respaldando la educación no sexista y que el proyecto sea promulgado como se aprobó por ambas Cámaras. Pero, más que nada, esperamos la entrada en vigencia de las normas que establecen que la violencia de género debe ser tratada como lo que realmente es hoy en día: una problemática de seguridad pública que debe ser abordada seriamente y de manera transversal por las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto.