Redacción, Diario El Divisadero
Representando a la mayoría de las localidades del territorio involucrado, un total de 16 organizaciones vecinales, gremiales y comunitarias requirieron esta semana al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que inicie un proceso de participación ciudadana en el marco del proyecto "Centro de Gestión de Residuos Sólidos Municipales" impulsado por la Municipalidad de Chile Chico.
La iniciativa se pretende emplazar a menos de cinco kilómetros de Puerto Bertrand y contempla la incineración de casi el 90% de la basura (orgánicos, podas, plásticos, papel, cartón y otros materiales con poder calorífico) de Puerto Sánchez, Bahía Murta, Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Mallín Grande. El proyecto avanza con recursos del Gobierno Regional de Aysén.
La iniciativa fue presentada vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la administración de Luperciano Muñoz González en el mes de octubre. Desde esa fecha ha recibido múltiples cuestionamientos por parte de vecino/as de las localidades involucradas, organizaciones socioambientales y consejeros regionales, mientras que el propio Gobierno Regional de Aysén consignó que éste "no es compatible con el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales vigente; y su emplazamiento no responde a las funciones de la zona preferente en la que se encuentra, según el Plan Regional de Ordenamiento Territorial".
La tecnología escogida por el municipio, hoy conducido por Ariel Keim Hermosilla, es la "termodisociación anóxica" (o TDA), y fue en la práctica una imposición del ex alcalde, ya que la consultora a cargo de los estudios preliminares recomendó en primer lugar un proceso de gestión mediante reducción de residuos, separación, compostaje y reciclaje. Modelo sustentable de manejo de la basura que ha ido avanzando fuertemente en la cuenca en múltiples niveles: reducción, reutilización, reciclaje, y con miras a avanzar a las 7Rs con rediseño de los sistemas, junto a recuperación, reparación y renovación de los bienes. Sin embargo, a pesar de esta recomendación técnica se escogió la opción de TDA, que no está operando en ningún lugar del mundo y que va en dirección contraria a lo que se ha impulsado en el territorio.
Dentro de los fundamentos de las organizaciones se incluyen las emisiones del proyecto, afectación turística y paisajística, afectación a flora y fauna silvestre, afectación significativa del objeto de protección de un área puesta bajo protección oficial, además de ser una iniciativa desalineada con las políticas regionales de manejo de residuos, entre otros aspectos.
Por la comuna de Chile Chico suscribieron la solicitud María Angélica Antiñanco, presidenta de la Agrupación de Artesanos de Puerto Guadal y de la Asociación Gremial de Turismo, Cultura y Artesanía de Puerto Guadal (Artechelenko); Fernando Pavez von Martens, presidente del Comité Desarrollo de la Infancia del Baker y del Comité de Emprendimiento y Turismo de Puerto Bertrand; Felipe Christensen Arteaga, presidente de la Junta de Vecinos Nº8 de Puerto Guadal; y Natalia Tapia Verdejo, presidenta de la Fundación Raíces de Calafate.
Por la comuna de Río Ibáñez concurrieron Cristina Benavides Nielsen, presidenta de la Feria Campesina Libre de Bahía Murta; Carina Briones Poblete, presidenta de la Asociación Gremial Cámara de Turismo y Comercio de Río Tranquilo; Gonzalo Reyes Barría, presidente del Comité de Turismo, Deporte y Cultura de Puerto Sánchez; Bianca Miranda Armijo, presidenta de los Prestadores de Servicios Turísticos y Concesionarios del Parque Nacional Laguna San Rafael; José Miguel Vargas Muñoz, presidente de la Agrupación de Turismo y Cultura Calafates de Bahía Murta; Guillermo Figueroa Orellana, presidente de Costa Murta A.G. Turismo, Recreación y Educación Ambiental de Bahía Murta; Guido Jaramillo Vera, presidente de la Junta de Vecinos N°6 de Puerto Río Tranquilo.
A nivel regional, también adhirieron Miriam Chible Contreras, presidenta de la Corporación Chelenko; Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa); y Peter Hartmann Samhaber, presidente de la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida (Agrupación ARV).
A partir de esta solicitud, SEA deberá ponderar el requerimiento y resolver sobre el inicio de participación ciudadana. En el mes de noviembre varias organizaciones presentaron una solicitud de término anticipado, arguyendo que este proyecto debía ser evaluado por Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no DIA. Sin embargo, el director regional del organismo, Julián Cárdenas Cornejo, desechó la solicitud.
Desde las organizaciones no se descarta, de avanzar el proyecto, reiterar el requerimiento de un EIA producto de los impactos de este proyecto en la biodiversidad y la salud humana, más aún cuando estaría emplazado en un área bajo protección oficial como es la Zona de Interés Turístico Chelenko.
