Su rol es asesorar a la autoridad regional en materias ambientales relevantes para el territorio, fortaleciendo la calidad técnica de las decisiones y asegurando la incorporación de distintas miradas.

Se enmarca también en la Ley N°20.500, que promueve la participación ciudadana en la gestión pública, garantizando que las organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en políticas, planes y programas.

Es un espacio plural y representativo que reúne a ciencia y academia; ONGs, sector productivo y mundo sindical y sociedad civil, fortaleciendo la gobernanza ambiental.
o Favorece la transparencia, la colaboración y la confianza entre actores públicos, privados y comunitarios.