Columnista, Colaborador
La creciente población extranjera en Chile es un fenómeno que, más allá de las cifras, debe comprenderse como un desafío multidimensional que afecta, entre otros aspectos, el acceso a la salud, particularmente en lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.
Según el último informe anual "Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile 2023" del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2023, se estimaba que residían en Chile 1.918.583 personas extranjeras, de las cuales una proporción significativa proviene de países de América Latina, con Venezuela, Perú, Colombia y Haití como los de mayor presencia.
Respecto de la edad, la población total estimada se compone principalmente de personas entre los 30 y 39 años, encontrándose la mayor proporción en el grupo de 30 a 34 años con 16,8% del total.
Este contexto demográfico presenta un panorama complejo que, desde el ámbito de la salud pública, requiere una atención urgente para garantizar que las políticas de salud sexual y reproductiva sean inclusivas, equitativas y culturalmente sensibles.
Uno de los primeros aspectos a considerar es la diversidad cultural de esta población. Las mujeres extranjeras, que constituyen una parte significativa de la migración (939.012 según el informe, además de 979.571 hombres, lo que significa una relación de masculinidad de 104,3 hombres extranjeros por cada 100 mujeres extranjeras.), presentan características particulares en cuanto a sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Muchas de ellas provienen de países con contextos sociales, económicos y culturales distintos al de Chile, lo que puede generar barreras significativas en el acceso a la atención en salud. Estas barreras no solo son lingüísticas o legales, sino también de conocimiento y confianza en los sistemas de salud locales.
La condición migratoria de muchas personas extranjeras, especialmente de aquellas en situación irregular (17,6% del total, según las estadísticas), se convierte en un factor crucial en la vulnerabilidad de las mujeres migrantes frente a la atención de salud sexual y reproductiva. La falta de documentos o la incertidumbre sobre los derechos que poseen en Chile limita su acceso a servicios médicos, incluidos los servicios básicos de planificación familiar, atención ginecológica, y atención durante el embarazo y el parto. Este fenómeno se agrava en situaciones de violencia de género o cuando se enfrenta a complicaciones durante el embarazo y parto, donde la atención tardía puede generar consecuencias graves tanto para las madres como para los recién nacidos.
Otro aspecto relevante es la falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos en esta población. Si bien existen avances en la universalización de la educación sexual en Chile, muchos migrantes no tienen acceso a información pertinente en su idioma ni conocen sus derechos en relación con la salud reproductiva. Esto se ve reflejado en la escasa utilización de servicios preventivos como los exámenes de Papanicolau o la planificación familiar, que, a pesar de ser gratuitos y universales, no llegan de manera efectiva a todos los sectores de la población.
Desde la perspectiva de la formación de profesionales de la salud sexual y salud reproductiva, es crucial que reciban una formación sólida en la atención intercultural. Las futuras matronas y futuros matrones deben estar preparados para abordar las necesidades específicas de salud sexual y reproductiva de la población extranjera, respetando las diferencias culturales y enfrentando las dificultades que surgen debido a la falta de documentación legal, barreras lingüísticas y la posible desconfianza hacia los servicios públicos de salud.
En este contexto, las políticas públicas deben avanzar en la creación de estrategias que permitan garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de la población extranjera. Es fundamental que el sistema de salud chileno implemente programas específicos para los migrantes, con énfasis en la atención primaria, la educación en salud reproductiva y la prevención de enfermedades. Además, se debe promover una atención de salud inclusiva que no discrimine por situación migratoria, género o etnia, ofreciendo información clara y accesible en varios idiomas. En esto hemos avanzado en Chile, aunque falta camino por recorrer.
