Hace pocos días se anunció la presentación de un proyecto de ley para reducir la imputabilidad penal de nuestros jóvenes a los 12 años. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples, este proyecto buscará que la ley 20.084, que regula la responsabilidad penal de los adolescentes infractores de ley, estableciendo penas y un proceso judicial especial, sea aplicable ya no solo a jóvenes de entre 14 y 17 años, sino que a niños y niñas a partir de los 12 años. 

La delincuencia juvenil es un fenómeno del que hemos hablado otras veces en esta columna, y es un tema que genera un debate social importante, cuestión que no será diferente con este proyecto de ley. 

Por un lado, podríamos considerar que esta medida logrará fortalecer nuestro sistema penal y disuadir a nuestros jóvenes de cometer delitos, por otro, las consecuencias de avanzar en este sentido, pueden ser peligrosas para nuestros adolescentes. Mi principal inquietud radica en que la infancia y la adolescencia son etapas de formación, de desarrollo y, someter a un niño o niña de 12 años a un proceso penal, no solo puede generar un mal mayor que aquel que estamos intentando evitar, sino que, además, no garantiza una solución a la problemática de fondo. 

Uno de los principales riesgos de esta propuesta dice relación con la criminalización de la infancia. 

Tenemos que entender que los adolescentes enfrentados al sistema penal no solamente son personas en pleno desarrollo, donde su capacidad de comprender los mandatos del derecho no alcanza el mismo nivel que un adulto, sino que también, en la gran mayoría de los casos, son jóvenes que enfrentan contextos de vulnerabilidad social, violencia en la familia, falta de oportunidades educativas. Por ello, más que rebajar la edad de la imposición de penas, lo que se requiere es entregarles herramientas para su recuperación y reinserción social. 

Ese es el objetivo de la ley 21.527, que entró en vigencia en nuestra región en enero de este año y que, por medio del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, busca mejorar las intervenciones a las que se someten los adolescentes bajo el proceso penal, con un enfoque más personalizado, pero también, estableciendo consecuencias más severas, sobre todo frente a jóvenes reincidentes. 

Los resultados, ya sean positivos o negativos de la ley 21.527, de este cambio estructural a nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente, aún no han podido ser percibidos, sin embargo, se busca desde ya, apostar por otra reforma que busca su endurecimiento. En este debate, no podemos olvidar que la respuesta a la delincuencia juvenil requiere estrategias preventivas, educativas y sociales que aborden los factores que conducen al delito, no solo la imposición de castigos más severos.