Durante el pasado mes de febrero el Tribunal de Juicio Oral de Coyhaique dictó  sentencia en un juicio penal seguido contra dos altos oficiales de Carabineros (a la época de los hechos), quienes habrían ocultado evidencia audiovisual que estaba en poder de dicha institución y que daba cuenta de la verdadera dinámica de unos desórdenes públicos que ocurrieron en Coyhaique en noviembre del año 2019 (en el contexto del estallido social) y en cual, producto de una pedrada, un efectivo de Carabineros resultó con lesiones graves en su boca.

El juicio oral en cuestión trató sobre la existencia o inexistencia de tales registros audiovisuales, y si éstos habían sido entregados en su momento a la Fiscalía para lograr el más adecuado, objetivo y completo esclarecimiento de los hechos que habían terminado con las lesiones de gravedad sufridas por el carabinero agredido.

Más allá de que el referido juicio penal, en que se ha dictado sentencia condenatoria contra los acusados aún no tiene una resolución definitiva, dado que se encuentra pendiente el plazo para que los intervinientes del juicio presenten recursos de nulidad, este proceso nos sirve para reflexionar en torno a la manifiesta trascendencia de disponer registros audiovisuales que, de manera objetiva e indiscutida, muestren la dinámica en que se desarrollan las actuaciones policiales más delicadas o complejas, en cuanto constituyen afectaciones a los derechos de quienes son objeto de ellas.

Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen el legítimo derecho y deber de realizar sus actuaciones policiales cada vez que la situación que enfrentan, o conocen, lo amerita. Precisado aquello, es imprescindible que tales actuaciones se ajusten al marco legal que rige su actuar y es muy relevante, para tranquilidad de la ciudadanía y, por cierto, de los propios miembros de nuestras fuerzas policiales el que, haciendo uso de la tecnología disponible, podamos contar con los registros que permitan tener claridad sobre cómo se han desarrollado estos procedimientos policiales.

Por lo anterior resulta una muy buena noticia saber que desde mañana viernes 07 de marzo entra en vigencia la ley 21.638 que "establece el deber de efectuar registros audiovisuales en las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal". 

A partir de la vigencia de esta nueva ley, resulta obligatorio para Carabineros y la PDI efectuar registro audiovisual de las actuaciones policiales que impliquen la detención de una persona en hipótesis de flagrancia, la entrada y registro de lugares (de libre acceso público o cerrados), o la ejecución por parte de la repartición o unidad de fuerzas especiales de tareas policiales, a propósito del ejercicio del derecho constitucional de reunión.

Como señalé, esta obligación de registro audiovisual, el que pronta e íntegramente debe ser entregado para su debido análisis a la Fiscalía, no sólo es una buena noticia para la ciudadanía potencialmente afectada por el actuar policial, sino que será una gran herramienta de defensa en favor de aquellos miembros de Carabineros y de la PDI que diariamente realizan su labor de manera adecuada, proporcional y con estricto apego a nuestra legislación.