Con posterioridad a la batahola generada durante la visita del ministro de Hacienda a la región de Aysén ?que ha pasado, a estas alturas, a un segundo plano?, fuimos testigos de los reproches y recriminaciones, hoy cruzadas, entre el seremi de Energía Tomás Laibe y el diputado René Alinco. Uno, acusando gravísimas y reprochables agresiones homofóbicas proferidas por el diputado; el otro, anunciando la interposición de querella por injurias en contra del seremi.

Claramente, los hechos consignados por la autoridad gubernamental son graves y no pueden dejar lugar a dudas: deben quedar establecidos, en cuyo caso deben también ser sancionados y reparados.  Pero no es a este aspecto en sí al que quiero referirme en la presente columna.  Ésta apunta a la serie de reacciones y declaraciones de todos los partidos de gobierno que, a propósito de lo anterior, salieron a enarbolar las banderas de la igualdad, la inclusión y el rechazo irrestricto a toda manifestación de odio, intolerancia y exclusión. 

Porque a propósito de las reacciones que generó la agresión denunciada por el seremi de Energía y de la reiterada mención que en ellas se hace a la Ley Número 20.609 que establece medidas contra la discriminación (conocida como Ley Zamudio), forzoso resulta recordar que dicha norma sanciona "[…] toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, género, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad".

A la luz de la actuación pública reciente de los partidos oficialistas, cuestionando las acciones del legislador, lamentablemente no es creíble tal general y férreo compromiso en contra de discriminación en sus diversas manifestaciones.  Un solo ejemplo de ello es que cuando fueron las comunidades indígenas de la región de Aysén las agredidas con discursos de odio y la discriminación de políticos y dirigentes gremiales principalmente ?a propósito de sus reivindicaciones por respeto a sus derechos humanos? las dirigencias de estos partidos guardaron cómplice silencio y, es más, votaron en contra del reconocimiento de derechos humanos a dichos pueblos, perpetuando la discriminación y exclusión a la que históricamente los ha condenado el Estado de Chile.

Un real compromiso político por la igualdad, la no discriminación y la eliminación de los discursos de odio debe llevar a reaccionar con igual celeridad y contundencia, frente a toda manifestación de discriminación, intolerancia y exclusión de grupos sociales frecuentemente marginados; y no sólo cuando las víctimas son autoridades, personas de relevancia pública o militantes de sus propios partidos políticos o conglomerados. 

Esperemos que así como se ha alzado la voz para exigir reparación frente la agresión denunciada por el seremi Tomás Laibe, se actúe con la misma convicción para exigir actos reparatorios para los Millatureo, los Cabero, los Raín, los Carimoney, los Chiguay, los Nitor, los Caniullán, los Lepío, los Melipichún, los Millalaf, los Naguian, los Huentel, los Teca?en fin, para las comunidades indígenas de Aysén que siguen siendo víctimas de discursos de odio, discriminación y exclusión por reivindicar sus derechos humanos a nivel regional.