Imaginemos por un momento una brújula, ese sencillo, pero preciso instrumento de orientación que durante siglos ha guiado a viajeros, exploradores y navegantes. Su aguja siempre apunta al norte, ofreciendo una referencia clara y confiable para definir el rumbo. Sin embargo, si colocamos un imán cerca de la brújula, su aguja se desviará, perdiendo la dirección verdadera y, con ella, la capacidad de guiar de forma segura. 

En política, como en la navegación, la claridad de propósito es fundamental. Un "imán" de intereses y enfoques desviados puede alejarnos de los objetivos prioritarios que nuestra sociedad realmente necesita.

Este fenómeno de desorientación, causado por la introducción de elementos ajenos a la dirección real, es lo que pareciera estar ocurriendo con la estrategia de "Transición Socioecológica Justa", impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No se cuestiona la intención de crear un modelo de desarrollo que equilibre el bienestar social con el cuidado ambiental. No obstante, preocupa que esta estrategia haya definido su foco en áreas que, si bien importantes, no abordan las urgencias sociales y económicas que hoy son prioritarias en nuestro país.

Los desafíos que enfrentan las comunidades no pueden esperar. Necesitamos políticas que promuevan la generación de empleo formal y seguro, en especial en zonas donde el trabajo informal es casi una norma. Sin una estrategia que enfrente de manera directa la precariedad laboral, corremos el riesgo de profundizar la desigualdad y limitar el acceso de las personas a derechos y protecciones fundamentales.

Debemos recordar que Chile ya posee una normativa exigente en temas ambientales, laborales y de regulación industrial. Empresas e industrias han respondido realizando grandes esfuerzos e inversiones en innovación para cumplir con estos estándares, lo que reafirma su compromiso. Lo que sin embargo no se ve es que el propio Estado incentive de manera efectiva estos esfuerzos, ofreciendo ventajas o franquicias tributarias, o bien promoviendo incentivos claros para que el cambio sea factible y atractivo. Al aplicar estos incentivos, evitamos la carga de más regulaciones y procesos forzados que muchas veces actúan como barreras, más que como impulsores de un desarrollo sostenible y justo.

Finalmente, los obstáculos en los permisos y autorizaciones -un proceso lento y engorroso- siguen siendo una traba para el desarrollo de proyectos que podrían dinamizar nuestras economías locales y crear oportunidades concretas de empleo. Si realmente buscamos una transición justa, es imprescindible atender estos problemas que afectan de forma directa a las familias y trabajadores.

Para avanzar en una transición socioecológica que sea realmente justa, debemos reorientar la brújula hacia las urgencias de la gente. La sostenibilidad no solo debe pensarse desde el punto de vista medioambiental, sino también desde un enfoque social y económico, que considere el bienestar de las personas y el desarrollo de sus comunidades.

Sacar el "imán" de la brújula y reenfocar el rumbo en nuestras prioridades reales es, entonces, el primer paso hacia un modelo de desarrollo que verdaderamente responda a las necesidades de todos.