En políticas de infancia y salud mental los diferentes gobiernos llevan años padeciendo de una sordera colectiva. 

Se ha dicho hasta el cansancio que los niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran bajo el cuidado del Estado por graves vulneraciones a sus derechos no están recibiendo la mínima respuesta que requieren en el ámbito de su salud mental. 

El último estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado de la Defensoría de la Niñez remarca que ellos y ellas reconocen el acceso y atención en salud mental como un derecho, una urgencia y prioridad. 

Les inquieta el consumo de drogas y la necesidad de contar con centros especializados de rehabilitación. Además, el 43% reconoce no poder acceder a un psiquiatra y, un 38%, a un psicólogo.

Niños, niñas y adolescentes del sistema de protección especializado, con mayor prevalencia en mujeres, registran un mayor número de factores negativos asociados a su trayectoria de vida. Estos, sin duda, inciden en su salud mental, traduciéndose en mayores niveles de violencia sexual, abuso y explotación sexual; más experiencias traumáticas, polivictimización y revictimización; mayores trastornos de salud mental como depresión, estrés postraumático, autoagresiones, conductas de riesgo, consumo problemático de alcohol y drogas, entre otros.

Hoy un niño o niña en residencia no cuenta con acceso a evaluación y tratamiento especializado en salud mental. 

Incluso en varias regiones del país no existen ni los profesionales ni los centros especializados para abordar las necesidades más básicas en este ámbito. Me refiero a centros de reparación para víctimas de violencia sexual, programas terapéuticos por uso problemático de alcohol y otras drogas, centros de corta y mediana estadía...

La semana pasada leímos alusiones al dolor que nos provoca la realidad de niñas, niños y adolescentes, conmemoramos el Día Internacional de la Niña y ahora mismo en que estamos en la discusión de la nueva de ley de salud mental, esperamos menos sordera y más voluntad política para relevar un clamor no escuchado, una urgencia que duele e indigna. 

Esperamos más acciones y una actuación organizada y coordinada por parte de los organismos del Estado responsables de la provisión de prestaciones y servicios. La prioridad se concreta cuando destinamos las acciones y los recursos ahí donde hemos puesto nuestras palabras.