Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de AysénLa coordinación entre las autoridades siempre será una necesidad para apoyar a las víctimas de los delitos que ocurren en nuestra región. En ese sentido, hace pocos días sostuve una reunión con la Directora Regional de SernamEG, Patricia Baeza; además, nuestra jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, participó en una reunión de la Mesa del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) y uno de nuestros abogados de la Unidad de Asesoría Jurídica participó en una capacitación a Carabineros de las comunas de Cisnes y Lago Verde, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, a fin de reforzar conocimientos destinados a brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
En cuanto a las temáticas compartidas en esta capacitación, por distintos profesionales, se abordó el concepto de primera acogida, comprensión socioestructural de la violencia, derivación y procedimiento de toma de denuncias en casos de Violencia de Género, entre otros.
La relación permanente con los servicios públicos, de distintos ámbitos, nos permite apoyar de mejor forma a quienes sufren las consecuencias de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Lamentablemente, durante este año, se han registrado 757 víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo a nuestras estadísticas.
La violencia intrafamiliar es un área de suma preocupación para el Ministerio Público. De hecho, a nivel nacional, del total de víctimas de todos los delitos ocurridos el año pasado en Chile, un 10,85% tuvo relación con esta área delictual, es decir cerca de 169.886 personas.
En la Región de Aysén, esa cifra se asocia a 1.178 víctimas de violencia intrafamiliar durante todo el año 2023, un 10,56% del total de las víctimas de los delitos que se denuncian en nuestra región.
Por ello es importante poner sobre la mesa los temas que están afectando de forma permanente a nuestra región en materia delictual. Por cierto, también sabemos que existe una cifra desconocida de personas que finalmente no denuncian los delitos y eso también es un motivo de preocupación.
Por lo mismo, quienes trabajamos como servidores públicos debemos estar unidos para fortalecer los esfuerzos de prevención y persecución penal de este tipo de hechos que tanto daño hacen a nuestra convivencia en comunidad.
Nuestro rol como Fiscalía es perseguir penalmente a los agresores y ayudar a las víctimas -en la medida de lo posible- a reconstruir sus vidas, sin embargo, se requiere profundizar en el desarrollo de una cultura de prevención de la violencia intrafamiliar, a fin de dar protección a los grupos vulnerables de nuestra región.
La violencia intrafamiliar forma parte de un modelo de atención especializado en la Fiscalía. Nuestra Unidad de Víctimas y Testigos, con profesionales especializados en el abordaje de la violencia intrafamiliar y la protección, evalúan el riesgo de cada caso en conjunto con los fiscales y otorgan las medidas de protección adecuadas a las víctimas.
Tanto las personas que integramos la comunidad como las instituciones del Estado, debemos apoyar las acciones de prevención y la persecución penal de estos hechos, protegiendo siempre a las y los más vulnerables.
Nosotros, como Ministerio Público, también anhelamos una sociedad de mayor respeto no solo en la vida pública sino también al interior de cada hogar. Y para eso, por cierto, falta mucho por avanzar y construir, pero siempre estaremos disponibles para colaborar.
