Se llama Bernardo y acaba de ser nombrado presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre. El nombre es lo de menos, porque independiente de sus señas, fue puesto allí para llevar adelante el plan de desmantelamiento de las empresas públicas (las que quedan), tarea en la que está empeñado Kast. 

Lo primero que ha dicho Bernardo es que estudia la venta de la participación de Codelco en la mina  El Abra, donde es dueña del 49% de la propiedad, y Quebrada Blanca, donde la cuprera estatal adquirió el 10% de la mina recién el 2024.

Su motivación sería la deuda que arrastra Codelco y la venta de activos aparece como una vía rápida en la obtención de financiamiento.

Esto, ¿justifica la venta de activos? 

Si bien hoy en día el cobre no es el sueldo de Chile como lo fue un tiempo,  los recursos que genera siguen siendo fundamentales en la economía y con ellos se ejecutan obras para el desarrollo del país. Codelco es una importante  empresa del Estado y es propietaria de los mayores yacimientos de cobre del mundo y es la encargada de la exploración, desarrollo, explotación minera y   comercialización del cobre. Como empresa del estado entrega todos los excedentes económicos al fisco chileno. 

Y aquí hay algo que todos debemos saber y que maliciosamente se oculta en los debates sobre el destino de Codelco. Como cualquier empresa en Chile, pública o privada, paga el impuesto de primera categoría, que es del 25% sobre la renta imponible. Luego, también paga el Royalty ad Valorem del 1% sobre las ventas y el Royalty Margen Minero con tasas del 8% al 26% según rentabilidad. Pero ahora viene algo que no pagan las mineras privadas y es un impuesto del 40% por el DL Nº 2.398 y, lo peor, la Ley Reservada del Cobre, que no tiene equivalente en ningún sector ni empresa del país donde el 10% de las exportaciones brutas del cobre  se transfieren directamente a las Fuerzas Armadas ANTES de que se calcule cualquier utilidad, con independencia de si la empresa gana o pierde.

Un dato para el análisis: el año 2025, solo por concepto de la Ley Reservada del Cobre se extrajo US$1.426 millones en efectivo de las arcas de la estatal, lo que equivale al triple de la utilidad neta del negocio cuprífero y casi el doble de lo que cualquier minera privada paga en royalties.

La Ley Reservada del Cobre, consolidada durante la dictadura  al servicio del gremio militar,  ha sido mal usada una y otra vez, como  quedó claro con el caso conocido como Milicogate, donde oficiales del Ejército desviaron más de $6.100 millones de pesos.

La solución a la deuda no es la venta de activos, es la derogación inmediata de la Ley Reservada del Cobre. Aquí está en juego el sentido de la propiedad estatal de los medios de producción para la vida nacional y, tan importante como aquello, la posibilidad del debate público sobre el destino de Codelco, cosa que no se puede hacer con la propiedad privada.