El Juzgado de Garantía de Coyhaique declaró admisible una querella criminal presentada por el diputado René Alinco en contra de la exgobernadora regional de Aysén, Andrea Macías Palma, y de todos quienes resulten responsables, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, contemplados en los artículos 239 y 240 del Código Penal. 

La acción penal se funda en el Informe Final N° 322-2024 de la Contraloría Regional de Aysén, el cual constató que, entre 2021 y 2023, la exautoridad regional intervino directamente en la asignación de recursos públicos del FNDR a favor de una fundación presidida por quien fuera su proveedor de campaña electoral, sin cumplir los requisitos legales, presupuestarios ni técnicos exigidos. 

Entre las irregularidades develadas por Contraloría, se incluyen adjudicaciones directas por más de $27 millones sin procedimiento público ni causal de excepción válida, así como rendiciones incompletas y perjuicio fiscal efectivo. La querella solicita, además, que se cite a declarar a Ramiro Bahamonde Montiel, presidente de la Fundación Manos que Ayudan Patagonia, dada su eventual participación en la obtención de fondos públicos presuntamente irregulares. 

El tribunal resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal, ordenando además la designación de defensores públicos para los querellados en caso de no contar con un abogado particular. Asimismo, tuvo por acompañados los documentos y diligencias solicitadas, entre ellas citaciones, oficios administrativos, antecedentes bancarios y rendiciones de gastos electorales de la campaña de la ex gobernadora. 

Alinco: "Esta acción no está dirigida contra la fundación"

El diputado Alinco aseguró que "el tiempo me ha ido dando la razón. No puedo dejar de recordar que, cuando denuncié estos hechos en agosto de 2023, fui objeto de críticas, burlas y descalificaciones personales. Por eso recurrí a la Contraloría, y hoy, con esta resolución judicial, se da un paso importante en el camino hacia el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas que nuestra región exige".

Además aclaró que "esta acción penal no está dirigida contra la Fundación ni contra las personas que, de buena fe y con vocación social, participan en ella. Esta querella apunta exclusivamente a la eventual responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder o representación, podrían haber vulnerado las reglas de probidad y legalidad en el uso de recursos públicos". 

Por último, el parlamentario indicó que está consciente de "que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Serán los tribunales, en base a los antecedentes, quienes deberán establecer responsabilidades. Como parlamentario, continuaré ejerciendo mi deber de fiscalización, y no descarto que en las próximas semanas surjan nuevos antecedentes que refuercen esta investigación".