El pasado viernes 26 de septiembre se llevó a cabo en el Tercer Tribunal Ambiental la audiencia en el marco de la reclamación de Cooke contra una medida procedimental provisional de paralización de operaciones de su Centro de Engorda de Salmónidos (CES) Huillines 3 -ubicado al interior del Parque Nacional San Rafael, en la Región de Aysén-, dictada por la SMA en mayo pasado.

La medida se solicitó luego que Cooke informara nuevamente su intención de introducir 600.000 smolts en el mencionado CES, sin contar con ninguna Resolución de Calificación Ambiental para ello, por lo que, ante esta amenaza, la SMA ordenó la paralización de sus operaciones, una medida que el Tribunal Ambiental de Valdivia ya ha concedido en reiteradas oportunidades en torno a este mismo caso.

Greenpeace informó que durante la audiencia en el Tribunal Ambiental de Valdivia, organismo encargado de revisar y dar legitimidad a las medidas provisionales requeridas por la SMA, los abogados de Cooke Aquaculture y del Consejo del Salmón cuestionaron la legalidad de la paralización de sus faenas, asegurando que su centro, que operaba sin permisos ambientales "no representan riesgos al medio ambiente", indicando además que como este centro comenzó a funcionar de forma previa al actual sistema de evaluación de impacto ambiental, ellos no necesitan evaluarse y tampoco tienen límites máximos de cuántos salmones pueden producir por ciclo.

Al respecto, Cristina Lux, abogada de Aisén Reserva de Vida, interviniente en el juicio, denunció mala fe procesal por parte de la empresa, argumentando que se busca "abusar del litigio como herramienta para revertir medidas ya decididas por la SMA". 

"Este litigio ya lo tuvimos antes y hoy la empresa no viene con ningún argumento nuevo sobre algo que ya fue resuelto. Por eso, (creemos que) existe una estrategia de mala fe procesal, porque se busca anular la medida cautelar impuesta por la SMA y autorizada por este Tribunal Ambiental", recalcó Lux. 

Un patrón de judicialización ambiental

Greenpeace recuerda que en 2021 -bajo la administración del presidente Piñera- se inició un procedimiento sancionatorio contra Cooke por diversos casos de sobreproducción en este y otros CES en la región, el que concluyó, luego de múltiples entorpecimientos por parte de la empresa, en agosto de 2025, confirmando ocho infracciones ambientales graves en tres centros de engorda de salmones de la empresa: Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3.

De las 22 concesiones salmoneras que la compañía canadiense mantiene en la Región de Aysén, 19 están actualmente operativas y cuatro se emplazan dentro de los límites del Parque Nacional Laguna San Rafael, aseguran desde la organización ambientalista.

El caso se suma a otros procesos ambientales donde los recursos judiciales han extendido la vigencia de proyectos cuestionados. Al respecto, la abogada y experta en incidencia de Greenpeace, Roxana Núñez, señaló: que "el caso Huillines 3 refleja un patrón recurrente en la judicialización ambiental por parte de las mismas empresas: los procedimientos sancionatorios se suelen extender debido a recursos ante tribunales especializados e incluso la Corte Suprema. Esto genera un efecto dilatorio que prolonga la operación de proyectos cuestionados, con riesgos de que el daño ambiental continúe acumulándose".