En todo sistema democrático, la separación de funciones del Estado es un pilar fundamental para resguardar las libertades individuales y evitar la concentración del poder. Esta división, que distingue los roles del poder legislativo, ejecutivo y judicial, no es meramente teórica, sino una barrera real contra el abuso de poder. Su objetivo es prevenir que una misma entidad controle y monopolice las decisiones sobre las libertades y derechos de las personas, algo que, de no evitarse, podría tener consecuencias devastadoras para la democracia y el Estado de Derecho.

En este esquema, el Poder Judicial se erige como el último bastión de defensa de los ciudadanos frente a los abusos de los otros poderes del Estado y frente a los excesos del poder en general. La existencia de tribunales independientes es crucial para garantizar que todos seamos iguales ante la ley y que nuestros derechos sean protegidos frente a la arbitrariedad. Los principios de independencia e imparcialidad que rigen a los jueces son esenciales para que, en el ejercicio de la jurisdicción, prevalezcan únicamente las normas jurídicas, sin interferencias ni influencias indebidas que afecten la igualdad entre los ciudadanos.

Sin embargo, los recientes acontecimientos conocidos a la luz del "caso Hermosilla" o " caso audios", han puesto en evidencia que estos principios han sido vulnerados de manera grotesca. Las revelaciones de que un abogado litigante con profunda influencia en el mundo político y jurídico ha intervenido en la designación de jueces, y que desde el sistema judicial y político se le ha permitido hacerlo, constituyen una afrenta directa a la independencia e imparcialidad de los tribunales. Cuando jueces, quienes deberían ser verdaderos faros de justicia, están expuestos a recibir "órdenes" o "sugerencias" para, por ejemplo, integrar una sala del máximo tribunal del país, porque ello resulta funcional para un abogado y para los intereses de sus clientes, el daño es inmenso, tanto en lo inmediato como a largo plazo.

Esto es justamente lo que ha pasado entre Luis Hermosilla y la Ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, según lo exponen las conversaciones contenidas en los mensajes de WhatsApp del abogado cuestionado. Los hechos revelados son extremadamente graves, pues comprometen la credibilidad de todo el Poder Judicial y erosionan la confianza ciudadana en la justicia chilena. La democracia chilena, y en especial su Poder Judicial, atraviesan una crisis gravísima que no puede ser ignorada. Las instituciones deben actuar con contundencia.

Frente a esta crisis, es imperativo que surjan oportunidades para mejorar y transparentar el sistema judicial. Pero antes de cualquier reforma, debe aplicarse otro principio fundamental en el ejercicio de la jurisdicción: el principio de responsabilidad. No basta con reconocer los errores; quienes hayan vulnerado sus deberes constitucionales y legales deben enfrentar las consecuencias. El sistema político en su conjunto debe dar una señal clara y contundente de que estas prácticas no serán toleradas.

En este contexto, se debe evaluar seriamente la posibilidad de deducir una acusación constitucional, idealmente de forma transversal, en la medida en que se configure el notable abandono de deberes conforme al artículo 52, número 2, letra c) de la Constitución. Además, el gobierno debe considerar la viabilidad de iniciar un procedimiento de remoción en los términos del artículo 80, inciso tercero de la misma Carta Fundamental.

Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial pone en riesgo el Estado de Derecho, y frente a una amenaza de esta magnitud, las respuestas deben ser igualmente severas. La ciudadanía espera acciones decisivas que restauren la confianza en nuestras instituciones y aseguren que la justicia sea ejercida de manera transparente y justa, sin influencias indebidas. El futuro de nuestra democracia depende de ello.

Finalmente, esta crisis debe ser considerada como la oportunidad para que el Sistema Político revise en forma detallada y profunda la organización del sistema judicial chileno, sin prisas, de manera seria y profesional, convocando a expertos (as) y sin imposiciones ideológicas ni tratando de establecer intentos refundacionales dirigidos a controlar este poder del Estado. Es una cuestión que la clase política debe a la ciudadanía.