En un procedimiento abreviado, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, de la fiscalía regional de Aysén, obtuvo una condena para dos empresarios de 58 y 48 años, oriundos de la Región de Los Lagos, dedicados a la fabricación y comercialización de productos del rubro acuícola, quienes, para aumentar indebidamente el crédito fiscal, elaboraron un sofisticado mecanismo para defraudar al Estado. La pericia contable fue solicitada por el Ministerio Público al Laboratorio de Criminalística de la PDI.

La operación permitió a los imputados, mediante la facilitación de facturas ideológicamente falsas que eran emitidas por otras empresas de las cuales los condenados también eran sus representantes, incorporarlas en su contabilidad y generar artificialmente gastos y así rebajar los impuestos que debían pagar realmente durante los años 2016, 2017 y 2018. Algunas de estas empresas tenían domicilio en Puerto Aysén. 

En esta investigación, según comentó el Fiscal Jaime Rojas Gatica, fue fundamental la fiscalización realizada por el Servicio de Impuestos Internos, quienes detectaron las irregularidades que llevaron a descubrir los delitos. También prestó apoyo durante la investigación la Unidad de Asesoría Jurídica de la fiscalía regional de Aysén.

El fiscal Rojas Gatica añadió que los imputados operaban mediante diversas artimañas a través de empresas que estos creaban, con las cuales se "dedicaron a emitir facturas falsas por servicios que nunca se habían prestado".

El fiscal añadió que a través de este modus operandi, obtenían "indebidamente crédito fiscal, lo que les permitió durante años evadir impuestos, particularmente pagar menos IVA y también impuesto a la renta, lo cual causó un perjuicio fiscal cercano a los 400 millones de pesos".

En el marco este procedimiento abreviado, ambos imputados fueron condenados. El fiscal Rojas explicó que "se le impuso a cada uno de ellos una pena de tres años y un día con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y además fueron condenados a pagar una multa que asciende a la mitad del perjuicio fiscal causado". Es decir, además de la sentencia a 3 años y un día de presidio, deberán pagar una multa de 200 millones aproximadamente.

Paralelamente en este caso, el persecutor penal detalló que "el Servicio de Impuestos Internos también los había demandado en su momento en el Tribunal Tributario y también habían sido condenados por estos hechos".

Respecto de esta arista civil, como se dijo, el Servicio de Impuestos Internos liquidó los impuestos adeudados que los contribuyentes deben pagar, la cual fue confirmada en primera y segunda instancia, estando pendiente un recurso y una vez que esté firme, deberán proceder a su pago.