Creemos que, en un estado de derecho, se debe contar con cárceles que no sólo sean eficientes, sino que permitan cumplir, en condiciones de dignidad, las penas de cumplimiento efectivo de aquellas personas condenadas, es decir, que les permita responder por sus acciones con la pérdida de su libertad por un periodo que puede durar semanas, meses o años, pero que aquel sistema no se aparte de sus garantías mínimas como sujetos de derecho. Por otra parte, este sistema debe apuntar a la reinserción de estas personas, por ejemplo, capacitándolas en algún oficio, escolarizándolas, tratando sus adicciones, de manera que, a su retorno al medio libre, tengan realmente la oportunidad, y herramientas concretas, para propiciar que no vuelvan a cometer delitos.

Lo anterior, implica estar dispuestos a destinar parte del erario público en la construcción y mantenimiento de cárceles; en la contratación y mantención del equipo humano necesario para vigilancia, alimentación, educación, atención sanitaria, por dar algunos ejemplos, de quienes están privados de libertad.

No es un tema fácil, de hecho, es tan polémico que lleva a que parte de la opinión pública se pregunte ¿Por qué debemos gastar dinero en personas condenadas por delitos, si la educación y la salud pública, por ejemplo, también lo necesitan?

Ocurre que el Estado tiene muchas prioridades que abordar, el control de la delincuencia y de la seguridad pública es una de ellas y, el encarcelamiento de las personas, tal como está ocurriendo hasta hoy, no sólo no aporta a disminuir el problema, sino que, en algunos casos, puede incrementarlo. 

Una cárcel segura, poblada en su exacta capacidad, con suficiente y capacitada vigilancia, junto con alternativas concretas de reinserción, es un espacio que tendrá muchas y mejores perspectivas de progreso, donde el encierro no sólo va a servir de castigo, sino que va a permitir un desarrollo de quienes están presos, lo que, a la larga, nos beneficia a todos y todas.

Es un hecho que la gran mayoría de las personas privadas de libertad, tarde o temprano, saldrán al medio libre, a convivir con nosotros… y entonces también de nosotros depende cómo se comportarán a futuro ¿volverán a delinquir? ¿Sus delitos serán más graves aún de lo que eran antes, o se reinsertarán siendo un aporte para la sociedad?

Desde hace ya algunos años, hemos visto que nuestro sistema carcelario, está cada vez más estresado, a raíz de un importante incremento de personas privadas de libertad, con una población penal que ha cambiado su perfil, hacia delitos más violentos y ligados al narcotráfico y la denominada "criminalidad organizada". Es por ello que se hace urgente abordar el problema, cuando aún estamos a tiempo de influir en sus resultados.

Por lo anterior felicitamos el trabajo que, en los últimos meses, ha desarrollado Gendarmería en la región de Aysén, reparando la sección femenina y la sección masculina de la cárcel de Coyhaique, a lo que se suman las obras que se están realizando en la cárcel de Puerto Aysén, para la implementación de una segunda sección femenina en esa unidad.

Como Defensoría Penal Pública, tenemos el deber de cautelar los derechos y garantías, también de las personas privadas de libertad. Es en este contexto, que nos incumbe la forma en que las personas cumplen sus condenas al interior de las cárceles chilenas y abogamos, a través del diálogo, la participación en mesas de trabajo e incluso utilizando las herramientas legales disponibles, porque sus condiciones sean dignas y permitan alternativas reales de reinserción, para que el día de mañana, ellos y ellas también puedan ser un aporte a esa sociedad que los recibe de vuelta.