Más allá de los importantes avances que el sistema de justicia penal ha presentado en nuestra región durante el año que acaba de finalizar, cuya mejor expresión es, probablemente, la recientemente inaugurada segunda sección carcelaria habilitada en la región para recibir mujeres (en la cárcel de Puerto Aysén), que permitirá un trato más digno y equitativo hacia las mujeres privadas  de libertas, existen desafíos aún pendientes y que al inicio de un nuevo año, vale la pena destacar.

Uno de aquellos desafíos que está pendiente dice relación con el trato que se le brinda a quienes estando en entredicho con la justicia penal, por haber realizado aparentemente algún tipo de conducta que nos aparece como delictiva, presenta rasgos de personalidad o conductuales que dan cuenta de que probablemente sufre algún grado de enajenación mental.

Nuestro sistema legal es claro en cuanto ordena que, frente a ese tipo de situaciones, respecto de quien es acusado como responsable de algún delito, pero respecto del cual, al mismo tiempo, se sospecha que pueda presentar algún tipo o grado de enajenación mental, el proceso judicial se debe suspender en su tramitación, no pudiendo seguir éste adelante mientras no exista claridad sobre el real estado mental del imputado(a). Para lograr tal conocimiento las pericias psiquiátricas que evacúa el Servicio Médico Legal resultan claves.

Si el proceso judicial que se suspende a la espera de poder determinar el estado mental del acusado es de tal gravedad que exige que el investigado no recupere su libertad ambulatoria mientras se despeja de dudas tal asunto, el investigado por la justicia penal no puede quedar recluido en un recinto penal, debiendo ser internado en un recinto hospitalario en el que se le pueda no sólo custodiar para que no se fugue sino que, además, se le brinde el tratamiento médico y farmacológico que pueda requerir.

Por otra parte, nuestra legislación dispone que si mientras una persona cumple condena al interior de un recinto carcelario cae en enajenación mental debe seguir cumpliendo su sanción privativa de libertad pero al interior de un recinto hospitalario, entendiendo que aquel es el natural lugar donde debe estar quien sufre de un cuadro de demencia.

El desafío que como país y región enfrentamos en la materia es de envergadura. Por falta de camas psiquiátricas son muchos los casos de personas imputadas o condenadas que debiendo estar internadas en un recinto de salud, lo están en uno penitenciario.

Para el bienestar y seguridad tanto del enajenado mental como para el resto de la población penal y de los funcionarios de Gendarmería es absolutamente necesario que en la cárcel paguen sus culpas quienes han cometido un delito en su sano juicio y sabiendo lo que hacen, y no que estén encerrados ahí quienes en realidad son personas enfermas que, por lo mismo, requieren un urgente tratamiento y no el sufrir un improcedente castigo.