Un duro cuestionamiento al actuar de las autoridades de gobierno tendientes a permitir que la empresa AquaChile reinicie sus operaciones en el sector de Repollal hizo esta semana Yesica Leviñanco, pescadora artesanal de la zona. Esto, tras una reunión que se desarrolló el 6 de febrero en la localidad, donde participaron el delegado provincial presidencial, Sernapesca, Subpesca, Armada, el municipio local y su concejo, entre otros actores políticos, además de representantes de AquaChile y vecinos del sector.

En entrevista concedida a Radio Santa María de Coyhaique, Leviñanco expresó su indignación tras la cita, ya que el actuar el Ejecutivo buscaría reactivar una concesión acuícola en la zona, sector que se ha ido recuperando ambientalmente  tras el desastre ambiental causado por el virus ISA.  Esto, señaló, se está impulsando sin evaluar sus consecuencias ambientales y económicas para la pesca artesanal, principal actividad productiva de la comunidad.

"Nosotros hemos cuidado y repoblado nuestro maritorio con nuestros propios medios. No vamos a permitir que nos vuelvan a destruir lo que nos costó años recuperar. Nuestro alimento y nuestro sustento no están en negociación", afirmó la vecina.

El problema con esta mesa de diálogo promovida por el gobierno es que podría sortear lo regulado por el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura y según el cual toda concesión con más de dos años consecutivos de paralización de actividades cae en situación de caducidad. En el caso de esta concesión perteneciente a AquaChile llevaría más de 15 años sin operaciones.

"Lo que sucede en Repollal refleja lo que venimos denunciando hace años: la industria salmonera opera sin el consentimiento de las comunidades y con un modelo de producción que contamina y destruye los ecosistemas. Es inaceptable que el gobierno siga favoreciendo a la industria en vez de proteger a quienes realmente dependen del mar y a los ecosistemas. Es necesario considerar las consecuencias que tiene esta industria, sobre todo en el contexto de crisis climática que estamos atravesando, donde la base es proteger las áreas protegidas y ni siquiera eso se está logrando", expresó Diego Rojas, abogado de Fundación Terram.

Lo anterior fue objeto de un Informe de Auditoría de Contraloría General de la República, en agosto del año 2024, en el cual reprochó a los órganos del Estado por no fiscalizar ni ejercer sus atribuciones respecto de Centros de Cultivo de Salmónidos en causal de caducidad de sus concesiones. Además, el informe menciona la denuncia efectuada por Fundación Terram que identificó 646 centros de cultivo en dicha situación.

Desde hace años Fundación Terram viene haciendo seguimiento a las operaciones de la salmonicultura en el país. Actualmente, además, forma parte junto con otras 51 organizaciones, de la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas, que impulsa la campaña Salvemos la Patagonia.  El objetivo principal de esta causa es la salida de las salmoneras en áreas protegidas, sin relocalización. 

Fotografía referencial de archivo.