A través de una publicación realizada por el diario El Mercurio, nos enteramos de la decisión del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de reasignar $11.000 millones correspondientes al programa de asentamientos precarios, para la expropiación, adquisición y urbanización del terreno donde se emplaza la denominada mega toma de San Antonio. El problema, es que, para llegar a ese monto, se utilizarán aproximadamente $4.000 millones de pesos que estaban destinados a nuestra región de Aysén. 

¡Un hecho gravísimo!, que creemos desde la CChC Coyhaique, requiere de una aclaración a nivel central y regional.

La gota que derramó el vaso del centralismo, pues eran recursos del programa de asentamientos precarios, es decir, destinados a la erradicación de campamentos. Y en nuestra región tenemos tomas y campamentos que están al debe, esto según el catastro nacional de campamentos del año 2024, ya que Aysén cuenta con 10 campamentos vigentes, tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén y Puerto Cisnes. 

En Coyhaique tenemos tomas como la de calle Errázuriz, que hoy no tienen ni siquiera agua potable; ante ello, nos gustaría saber cómo la actual administración les piensa explicar a estas personas la pérdida de recursos, con los que podrían salir del su precariedad absoluta y ahora, deberán seguir esperando la compra de terrenos y soluciones habitacionales.

Los antecedentes expuestos en la nota de El Mercurio, y según se indica en voz de Andrés Palma, jefe del departamento de asentamientos precarios del Minvu, referente al caso de Coyhaique, es que los fondos fueron devueltos al nivel central desde el Serviu, por la "imposibilidad de ejecutarlos antes del 31 de diciembre de 2025". Estos dineros originalmente habrían estado destinados a la compra de un terreno al Vicariato, que no se habría logrado concretar por el cambio de Pontífice y la consiguiente necesidad de nuevos documentos.  

Lo crítico de esto, reside en que estos recursos debían ser invertidos en la región, y no llegaron a ejecutarse, no por la ausencia de necesidad, más bien, por problemas de gestión o falta de ella. 

La falta de capacidad de ejecución regional, es la que finalmente castiga a territorios extremos como Aysén, donde los procesos de compra y urbanización son objetivamente más complejos y lentos. Pero que, al optar por reasignar los montos a un proyecto de ejecución más inmediato y mediático, como la mega toma de San Antonio, deja un mensaje de manifiesto claro y es que el Estado prioriza la gestión de su "caja presupuestaria" por sobre el avance y desarrollo equitativo de soluciones habitacionales en nuestra región. 

¡Y seguimos rezagados!, pero ahora extrañamente no fue producto de falta de recursos, si no que se decidido de exprofeso quitarlos, desvestir un santo para vestir otro; lo que es inaceptable, en un contexto de demanda constante habitacional tan evidente, se pierdan fondos que estaban comprometidos territorialmente. Por ello, se hace imprescindible que la autoridad regional entregue una declaración clara y detallada sobre este asunto:

¿Dónde y para qué proyectos específicos de la región de Aysén estaban destinados exactamente los aproximadamente $4.000 millones reasignados? ¿Cuáles fueron las razones por las que no lograron utilizar estos recursos? ¿Se nos volverán a asignar estos dineros en 2026, para, finalmente concretar la ayuda a las familias que están en asentamientos precarios? Son algunas de las preguntas que creemos, en post de la transparencia, debiesen ser atendidas por la autoridad inmediatamente. 

Si bien la reasignación se hizo al interior del mismo programa y no afecta directamente a otros subsidios como el DS19 o DS49, el retiro de estos fondos territoriales tensa la priorización que debe tener Aysén y nos deja en el desamparo de la duda, de si efectivamente la autoridad está en condiciones de garantizar que, los ya escasos recursos que se destinan a Aysén en materia de vivienda, se queden en la región.