La Libertad Condicional es la libertad que se otorga a las personas que están cumpliendo su condena en las cárceles y alcanzan todos los requisitos legales. 

No implica una reducción de sus condenas, ni tampoco una libertad total. 

Básicamente es un beneficio legal, que tal como su nombre indica, consiste en que la persona puede cumplir la parte final de su condena, con libertad; pero condicionado a cumplir un Plan de intervención individual, bajo la supervisión de un delegado de Gendarmería de Chile; y a no cometer nuevos delitos. 

Se revoca el beneficio si la persona no cumple su Plan o es condenado por cualquier delito.

En la mayoría de los países, la libertad condicional es un mecanismo esencial del sistema de justicia penal, que busca incentivar la buena conducta de la población penal; que los condenados cumplan adecuadamente sus planes de intervención; controlar los egresos de las unidades penales; y ?especialmente- promover la reinserción de los infractores en la sociedad. 

Este mecanismo se fundamenta en la idea de que, con un adecuado seguimiento y apoyo, las personas pueden reintegrarse de manera positiva a la sociedad, reduciendo así la reincidencia delictiva. Pero tal como ocurre con toda política pública, la efectividad de la libertad condicional depende en gran medida de los recursos disponibles y de la calidad de los programas de reinserción.

En Chile, su aplicación y efectividad han sido objeto de debate y crítica en los últimos años. A menudo la percepción pública sobre la libertad condicional está influenciada por casos mediáticos de individuos que cometen delitos graves después de ser liberados. Estos incidentes alimentan el debate sobre si el sistema penal es lo suficientemente riguroso en la evaluación de riesgos y en la aplicación de medidas de seguridad adecuadas.

Para mejorar el sistema de libertad condicional en nuestro país, se requieren medidas integrales que aborden tanto la supervisión y el seguimiento de las personas liberadas, como la calidad de los programas de reinserción. Esto supone una mayor inversión en recursos humanos y materiales, para garantizar mejor evaluación de los riesgos, mayor control, y un apoyo efectivo en programas de reinserción social.

También es fundamental promover un diálogo constructivo, orientado a una política criminal seria, basada en evidencia, y en buenas prácticas comprobadas. No en opiniones livianas o altisonantes.

En última instancia, la libertad condicional en Chile representa un equilibrio delicado entre la justicia, la seguridad pública y la rehabilitación. Su correcta implementación y supervisión son esenciales para garantizar que cumpla su objetivo de contribuir a una sociedad más segura y justa para todos.