La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de revocar la medida de libertad condicional de Mauricio Ortega, abre varios flancos para su análisis.

Por una parte, la arista mediática del caso, el tipo de delito y finalmente, los aparentes errores que se cometieron en too el proceso previo, y que el fallo del máximo tribunal acoge al fallar favorablemente el recurso de amparo interpuesto por SernamEG.

Revertida la medida, vienen ahora varios desafíos tanto de nuestra institucionalidad judicial, como por parte del propio SernamEG, repartición que ha sido duramente criticada por el manejo de este caso, ya que han quedado en evidencias falencias evidentes en materias tan relevantes como el acompañamiento de la víctima, los procesos de seguimiento y de patrocinios de la defensa.

Pero eso será materia para un debate aparte, porque hoy, analizando las reacciones de la ciudadanía, queda la sensación que hay vacíos o situaciones que simplemente evidencian cierto desamparo de la víctima. Y, por otra parte, surge el debate sobre la legitimidad de los beneficios que otorga la comisión de libertad condicional, los que están absolutamente ajustados a derecho, pero colisionan con condicionantes ciudadanas que los cuestionan y que nos obliga como sociedad democrática a buscar mecanismos de control y revisión que tengan un transversal respaldo legislativo y jurídico, para potenciar el trabajo y las decisiones que se adoptan en el ámbito judicial. 

Adoptada la decisión y con los ánimos más apaciguados, viene ahora la misión de revisar lo revisable y de generar nlos consensos necesarios para que estas materias se ajusten a variables relevante como el respeto a los Derechos Humanos y el apego absoluto a una institucionalidad que más allá de los cuestionamientos, bien puede revisarse y adaptarse a lo que demanda un sistema de justicia más moderno.