Antes de entrar de lleno en el tema, quisiera aclarar el concepto que usé en el subtítulo de esta columna; el "mobbing" es un anglicismo que proviene del verbo inglés to mob, que significa, acosar, asaltar, atropellar, atacar en grupo, a alguien de forma reiterada y sostenida en el tiempo. El término fue acuñado en 1980 por el científico sueco, Heinz Leymann para referirse al acoso laboral, acoso psicológico o psicoterror laboral.

Investigando, pude darme cuenta que el Estado chileno está muy bien documentado con respecto a este tema, y ha implementado una serie de herramientas que servirían de guía para conducirse de manera correcta. Existen manuales, instructivos e incluso se han promulgado leyes que pretenden poner freno a esta especie de delincuencia laboral ?si entendemos como delincuencia a los actos desviados de las normas sociales y que violan las leyes de un país-.

Sin embargo, y muy a pesar de lo anterior, hace algunos meses me enteré a través de la prensa del triste caso de una funcionaria pública, mujer, madre, profesional y aisenina, que fue hostigada y maltratada por su jefe directo, y por otros allegados a éste. Y si bien el caso tuvo repercusiones públicas y, de alguna manera, hubo una sanción social, hechos similares o de mayor envergadura continuaron sucediendo en la región de Aysén. 

Mujeres que fueron agredidas públicamente, otras que incluso sufrieron acoso sexual, y lo más triste y vergonzoso es que estos hechos fueron cometidos por hombres que ostentaron u ostentaban cargos públicos en ese momento. No es que vaya a justificar a aquellos varones que nunca pasaron por un servicio público, o que por desconocimiento de la ley vayan a cometer un acto tan deleznable, como es hostigar o agredir a otra persona, sumándole el hecho de ser mujer. Mi crítica apunta al deber ser ?en el sentido ético y moral- de aquellos servidores públicos del Estado que, además, cuentan con más y mejores herramientas para conocer la ley. 

Por otra parte, cuando se asume un cargo de responsabilidad con el Estado, se adquiere un compromiso con toda la sociedad, y no sólo con un partido político o el gobierno de turno. Entonces, al cometer una falta contra el Estado, también se estaría atentando contra cada uno de los ciudadanos que son parte del entramado social, y que son los garantes para que la función estatal pueda sostenerse en todos los sentidos.

La Ley Karin es clara con respecto a las sanciones para sus infractores, pero ¿qué sucede con el clima laboral, tras una denuncia? Muchas funcionarias empleadas, subalternas o colegas, deben continuar en el mismo lugar de trabajo que sus hostigadores, ya que no todas tienen la alternativa o la facilidad para cambiar de trabajo como quisieran, y menos renunciar al empleo. Sabemos que, aunque los gobiernos se han esforzado por buscar soluciones a la brecha ocupacional entre hombres y mujeres, tristemente aún persiste una gran desigualdad.

Es una situación complicada de principio a fin, porque no siempre es el jefe, a veces es el jefe y compañía, algún colega o compañero del mismo nivel jerárquico que la afectada, y no siempre son hombres, más de alguna vez las mujeres también ejercen ese rol de verdugo contra sus propias congéneres, aunque se supone que "entre bueyes no hay cornadas" (este refrán se lo escuché a un colega periodista hace algunos años), no siempre se cumple la regla. Cuando hablamos de machismo (no sexismo), siempre pensamos en el género masculino, pero acaso ¿no hay mujeres machistas? Quizá nos falta sororidad cuando una compañera o colega es vulnerada, y deberíamos detenernos a pensar antes de decir, "pero a mí nunca me pasó", "él nunca me habló mal", "conmigo es muy respetuoso".

Más allá de lo que podamos discrepar como seres humanos conscientes, atravesados por la ética, hace más setenta años que las mujeres tienen derecho a voto en nuestro país, o sea que hace mucho tiempo que deberían ser consideradas ciudadanas de derecho con capacidad de discernir, reclamar, decidir y sobre todo ser tratadas como seres humanos competentes, en pleno siglo XXI.

Al cierre de estas reflexiones me pregunto, ¿por qué a pesar de la promulgación de leyes y normativas que sancionan estas prácticas, aún subsisten porfiadamente? Les dejo esa inquietud.