En las últimas semanas diversos casos de alta repercusión han puesto sobre el tapete la necesaria perspectiva de género en el tratamiento que se debe aplicar en los casos penales en que la denunciante es una mujer.

Es importante, frente a esta discusión, comprender que la debida perspectiva de género resulta indispensable para tratar a toda mujer con real justicia, y ello trasciende al carácter que ostente en un proceso penal. Es decir, se debe analizar con esta especial perspectiva la situación judicial de toda mujer, tanto si es víctima como también si es imputada o acusada de algún delito. 

No solamente al visualizar a la víctima se puede cometer la impropiedad (contra la que luchamos adoptando una correcta perspectiva de género) al escucharla o tratarla conforme a estereotipos culturales nocivos (que como sociedad hemos incorporado muchas veces de modo inconsciente), sino que también existe tal peligro al enjuiciar a una mujer, en calidad de imputada o supuesta victimaria.

La tarea de defender penalmente con enfoque de género exige una especial atención y preocupación preferente en torno a que los cánones o criterios según los cuales se analiza y valora el comportamiento de determinada mujer no sean aquellos que, por mera herencia cultural, si no derechamente prejuicio, resultarían esperables, precisamente por su condición de mujer. 

Conscientes de dicho peligro la Defensoría ha reforzado su preocupación en los últimos años, disponiendo la definición de actuaciones mínimas que deben cumplir los abogados que efectúan defensa penal pública, en pos de asegurar la prestación de un servicio que inste por una correcta perspectiva de género durante todo su desarrollo. 

Tenemos clara consciencia de que las mujeres se encuentran en una posición desigual, estructural e histórica, en relación a los hombres, por lo que en la aplicación del sistema penal se deben incorporar otros elementos de análisis para equiparar sus respectivas posiciones y, en particular, es necesario que los operadores jurídicos observen la realidad criminal y social, no quedándose exclusivamente en las categorías jurídicas tradicionales. 

Nunca estará demás recalcar lo impropio que resulta basar la línea de defensa en argumentos que se fundan en estereotipos sociales, debiendo siempre buscarse los argumentos de defensa en otros aspectos, como los son consideraciones de índole criminológica y de igualdad en materia de género.

Fenómenos que muchas mujeres viven en su quehacer cotidiano, marcados por contextos familiares en que se sufre violencia, de cualquier naturaleza, o una manifiesta falta de poder o autonomía, indudablemente se presentan como variables de la mayor relevancia, las que deben ser observadas y consideradas al efectuarse una defensa y enjuiciamiento penal. 

Para llegar a una solución justa en casos relativos a mujeres, sean víctimas o imputadas, siempre se debe considerar la particular situación de éstas. No olvidemos que la igual protección ante la ley no solo supone un trato igualitario entre quienes están en las mismas condiciones, sino que, necesariamente, un trato diferenciado hacia quienes se encuentran en circunstancias desiguales.