Este viernes, el suspendido fiscal Carlos Palma Guerra, fue formalizado por el delito de violación de secreto, tipificado en el artículo 38 de la ley 20.000. La Fiscalía sostuvo que Palma filtró antecedentes de una causa por tráfico de drogas, al abogado Luis Hermosilla Osorio, conocido por ser parte del denominado "Caso Audios". Los hechos, ocurridos el 20 de octubre de 2022, incluyeron el envío de escuchas telefónicas que aún no habían sido presentadas como prueba en el tribunal.

Según la exposición del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer, en momentos en que se desarrollaba la audiencia, de forma telemática, el fiscal Palma, quien se encontraba en las dependencias de la Fiscalía Regional de Aysén, tomó conocimiento de la audiencia y mostró especial interés en la identidad de los abogados intervinientes. Al reconocer a uno de ellos como colaborador del estudio de Luis Hermosilla, inició una comunicación con este último a través de WhatsApp.

La Filtración 

En la acusación, la fiscalía, leyó parte de lo que fue la investigación realizada por la Unidad Anticorrupción e Investigación Patrimonial del OS-7 de Carabineros que reconstruyó la secuencia de mensajes.

A las 15:18 horas: Palma envía una captura de pantalla de la audiencia a Hermosilla, señalando la participación del abogado Juan Enrique Urrutia.

Entre las 15:18 y las 16:05 horas: Se produce un intercambio de mensajes donde Palma identifica a los imputados como "traficantes míos", en referencia a que eran de su región, y confirma la participación de otro abogado.

A las 16:10 horas: En el punto crítico de la acusación, Carlos Palma envía a Luis Hermosilla un archivo de audio, obtenido mediante una interceptación telefónica autorizada judicialmente, que era parte de la investigación. Junto con el audio, el fiscal escribe: "escúchalo completo, solo para ti, este es el cliente de tu abogado... lo insisto, solo para ti," y le pide que no muestre la conversación.

Evidencia Anticipada y Secreto Violado

Lo central del caso, resulta en que de acuerdo a las conclusiones del informe pericial del OS-7, fechado en enero de 2025, quedó demostrado que este mismo audio fue presentado como prueba por la fiscal titular de la causa, María Inés Núñez, recién a las 18:13 horas. Esto significa que la filtración ocurrió dos horas antes que la evidencia fuera oficialmente revelada en la audiencia, vulnerando gravemente el secreto de la investigación.

La Fiscalía, en la acusación, destacó que Luis Hermosilla no tenía porque enterarse de esa información, era un "tercero ajeno al procedimiento, sin ningún rol legal que justificara." Ante esto, explicaron que los artículos 182 del Código Procesal Penal y 28 de la ley 20.000 "establecen la obligación de mantener la reserva de las investigaciones."

Testigos

Fueron parte en esta investigación como testigos, tanto la fiscal María Inés Núñez como el asesor jurídico de la fiscalía regional de Aysén, Álvaro Pérez. Quienes confirmaron en sus declaraciones, prestadas en septiembre y octubre de 2024, que Palma les había comentado el reconocimiento del abogado Urrutia y, en el caso de Pérez, que incluso le solicitó un audio de la causa ese mismo día.

La defensa del fiscal Palma argumentó la inexistencia del delito, sosteniendo que la causa ya no era preliminar y no tenía reserva decretada. Sin embargo, no se opuso a la medida cautelar solicitada para "colaborar con la investigación", explicó Cristián Cajas, de la Defensoría Penal Publica de Aysén.

Ante esto, el magistrado Carlos Astudillo acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y la querellante el Consejo de Defensa del Estado por considerarla proporcional y apropiada a los fines del procedimiento, ante lo cual resolvió decretar el arraigo nacional para el suspendido fiscal regional de Aysén, y fijó un plazo de 120 días para la investigación. 

Cabe recordar que Palma asumió la fiscalía el 15 de octubre de 2017. Sin embargo, actualmente se encuentra suspendido del cargo debido a una investigación en curso de carácter administrativa que se desarrolla al interior del Ministerio Público. Otra es la investigación penal, por la cual podría solicitársele hasta cinco años de prisión, además de penas accesorias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Mientras este 14 de octubre asumirá la dirección de la persecución penal en la región, Hernán Libedinsky, en reemplazo de Palma.