Un reciente sondeo elaborado por la Fundación Chilena para la Discapacidad reveló que un 32% de las personas con discapacidad no votó en las últimas elecciones. Este dato no debe interpretarse como simple desinterés, sino como el reflejo de una realidad persistente: existen barreras estructurales y sociales que impiden a miles de ciudadanos ejercer un derecho tan básico como el sufragio. 

A medida que se acerca el próximo 16 de noviembre, día en que Chile elegirá Presidente de la República, senadores y diputados, la pregunta que debiera interpelar a nuestras autoridades es ¿estamos realmente preparados para garantizar un proceso electoral inclusivo y sin exclusiones?

Cuando hablamos de inclusión política, no basta con reconocer en las leyes que todas las personas tienen derecho a participar. El desafío está en asegurar que esas garantías se materialicen en la práctica. 

Hoy, en pleno 2025, todavía encontramos locales de votación sin accesos adecuados, rampas inexistentes o señaléticas poco claras que dificultan el tránsito. A esto se suma la falta de transporte accesible, especialmente en comunas rurales o apartadas, donde simplemente no hay alternativas para llegar a los lugares de votación. Y, como si fuera poco, se suma una desconfianza creciente hacia las instituciones políticas, alimentada por la sensación de que los discursos inclusivos rara vez se traducen en medidas concretas.

Esta suma de factores deja a muchas personas con discapacidad en la posición de elegir entre esforzarse desproporcionadamente para ejercer un derecho ciudadano o, derechamente, desistir. El resultado es el mismo: una democracia incompleta, que excluye a quienes más necesitan ser parte del debate público y de las decisiones que afectan al país.

La elección del 16 de noviembre no debiera ser sólo un ejercicio de continuidad democrática, sino una oportunidad histórica para demostrar que como sociedad somos capaces de avanzar hacia un Chile donde la participación política no esté condicionada por las barreras del entorno. No se trata de favores ni de gestos de buena voluntad, sino de cumplir con la obligación ética y legal de garantizar igualdad de condiciones. Si queremos construir un país más justo y representativo, debemos partir por asegurar que cada voto, sin importar la condición de la persona que lo emite, pueda ser ejercido de manera libre, accesible y digna.

El tiempo para corregir estas falencias es ahora. Las autoridades y los actores políticos tienen la oportunidad de que este proceso electoral sea recordado no por las exclusiones, sino por haber abierto las puertas de la democracia a todas las personas, sin perjuicio de su condición.

Hacemos un llamado a la acción para que autoridades en ejercicio y candidatos  recorran los locales de votación de sus distritos, verifiquen las condiciones reales y se comprometan a resolver las falencias antes de que vuelva a repetirse la exclusión.