Desde el año 2015, se llevaron a cabo esfuerzos por sacar adelante la agenda de probidad impulsada en el país con miras a fortalecer su institucionalidad, esfuerzos que encuentran su génesis en el informe de la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

Durante el año 2016, la Defensoría Penal Pública elaboró, aprobó e implementó su primer Código de Ética Institucional, Código que fue elaborado en base a consulta realizada a todos las y los funcionarios de la institución, y redactado en una mesa de trabajo constituida por representantes de las tres asociaciones de funcionarios, y representantes de los Departamentos y Unidades de la Defensoría Nacional. Cabe señalar que la Defensoría Penal Pública contaba, hace años, con una normativa que entregaba orientaciones ético profesionales a todos los defensores y defensoras.

Nuestro Código de Ética fue actualizado el año 2022, plasmando los valores, principios y conductas significativas para el correcto ejercicio de la función pública por parte de quienes trabajan en la Defensoría Penal Pública, y para nuestros colaboradores(as) licitados y personal externo; valores que son definidos por nuestra institución, como el conjunto de principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la Defensoría, y que debiesen influir en las pautas de comportamiento. Estos valores son los siguientes: HUMILDAD, entendida como el respeto hacia todas las personas, el ordenamiento jurídico vigente y hacia los Derechos Humanos, manteniendo espacios de cordialidad y buen trato. EXCELENCIA, consistente en la mejora continua en nuestro servicio y el cumplimiento de nuestra función pública, en base a altos estándares de calidad, de manera eficiente y basados en la Justicia, actualizando nuestras competencias cada vez que resulte necesario. COMPROMISO SOCIAL, ya que humanizamos y legitimamos el sistema de justicia garantizando el derecho a la defensa de todas las personas y ESPÍRITU, ya que nos sentimos orgullosos de ser parte de un equipo donde nos apoyamos y colaboramos mutuamente, en favor de quienes necesitan una defensa penal de calidad y una atención digna. 

En la actualización del Código de Ética se incorporó el enfoque de género, con el fin de motivar conductas correctas que vayan en pos de disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres; eliminar cualquier tipo de violencia laboral contra las mujeres, y entregar las mismas igualdades de oportunidades para el desarrollo laboral y profesional de ellas.

Este Código además fue redactado bajo el parámetro de cuatro compromisos entre las distintas instancias institucionales, a saber, a) El compromiso de la institución con sus funcionarios y funcionarias, b) El compromiso de funcionarios y funcionarias con su institución, c) El compromiso con quienes se relacionan con la institución y d) El compromiso con los Derechos Humanos, de todas y todos quienes integramos la Defensoría Penal Pública.

Entonces, ¿Cuál es la importancia de que la Defensoría Penal Pública cuente con un Código de Ética? Ella está dada porque nos permite fortalecer la confianza que inspira nuestra institución y porque en el ejercicio de nuestra función pública, permite solucionar nuestros conflictos y permitiéndonos fomentar valores éticos en quienes integramos la Defensoría Penal Pública.