El Código Penal es la principal ley que regula los delitos y penas en nuestro país. Fue promulgado y publicado el 12 de noviembre de 1874.

La sociedad chilena ha cambiado radicalmente desde entonces. La industrialización, el aumento de la población urbana, la aceleración del desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones, la igualdad de géneros, son solo algunos ejemplos.

También las concepciones jurídicas han cambiado. La consolidación de los derechos humanos; del enfoque de género; de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y la expansión del derecho penal, por mencionar los ejes principales.

Si bien nuestro Código Penal ha sido objeto de múltiples modificaciones, éstas se han caracterizado por seguir la tendencia de ampliación de los delitos y las penas, pero sin mediar una actualización del texto legal en su conjunto, o al menos en sus bases más generales (contenidas en su Libro primero).  

Además, la legislación penal se ha dispersado con las llamadas "leyes penales especiales", que son segmentos crecientes de delitos por fuera del Código Penal, que le restan influencia, pues alteran sus reglas generales. Tales como los delitos de armas de fuego (Ley 17.798), los de tránsito de vehículos motorizados (Ley 18.290), los de tráfico ilícito de estupefacientes (Ley 20.000), y los de violencia intrafamiliar (Ley 20.066). 

Así, hemos construido un sistema legal parchado, desarticulado y confuso. Que resta eficacia al trabajo de los operadores del sistema de justicia; contribuye a la pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía; y reclama un proceso de reforma sistemático o más integral. 

Con todo, hay que ajustar expectativas. Si en 150 años el Código Penal chileno no ha logrado terminar o siquiera disminuir la comisión de delitos ¿Lo lograremos con un nuevo Código Penal?

No. Por sí sola, la ley no tiene ese poder. Los delitos son parte de la vida en sociedad. Sin embargo, pueden y deben ser limitados a través de un sistema institucional que se haga cargo de las distintas etapas de la delincuencia. 

En primer lugar, con prevención. Atender a los factores de riesgo delictual, tales como la negligencia parental y la deserción escolar que afecta a niños, niñas y adolescentes; el desempleo; el abuso de drogas y alcohol; o la circulación de amas de fuego. En segundo lugar, perfeccionar los procesos de investigación, persecución penal y sanción de los delitos ya cometidos (en este último ámbito, se ubica la acción directa del Código Penal). Y, en tercer lugar, promover la reinserción social efectiva de los condenados a penas privativas y no privativas de libertad.

Los 150 años del Código Penal chileno son una oportunidad para reflexionar sobre sus aportes, sus limitaciones y avanzar decididamente en su reforma estructural. Sin perder de vista, que la ley solo es uno de los elementos que conforman un sistema de justicia; y por sí sola, no tiene el poder de terminar o siquiera disminuir la comisión de delitos.