Entre el 13 y 15 de noviembre, todos los aeropuertos y aeródromos del país fueron afectados por la movilización de los trabajadores de la Dirección Aeronáutica General Civil (DGAC).

Por medio de una "ralentización indefinida" de funciones manifestaron su descontento y presionaron con el fin de revertir la negativa del Gobierno de otorgar un "bono por fiscalización", pese a que se encuentran en negociaciones desde hace tres años. 

La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), manifestaron de forma conjunta que las autoridades de Gobierno tienen la obligación de adoptar todas las medidas legales que correspondan para que no vuelvan a paralizarse los aeropuertos. 

Las entidades relacionades con el transporte aéreo y el turismo indicaron que la reciente paralización que afectó a los terminales aéreos del país causó un daño de gran magnitud a decenas de miles de usuarios del transporte aéreo, que fueron impedidos de llegar a sus destinos y realizar sus actividades cotidianas, impactando negativamente también en la imagen del país. 

Carolina Simonetti, gerente general de Achila, expresó que "nuestro gremio estima absolutamente inaceptable que, frente a todo el país, un grupo de presión haya actuado ilegalmente, perjudicando a miles de personas que necesitan transportarse. El transporte aéreo es una actividad altamente estratégica y de utilidad pública, por lo que las autoridades no deben permitir que sea paralizada por grupos de presión". 

A su vez, Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, advirtió que la solución de esta contingencia no resuelve los problemas de fondo relacionados al mal funcionamiento que exhiben los aeropuertos del país, situación que se debe principalmente a una gobernanza deficiente en la gestión de estos recintos. "La institucionalidad actual no es capaz de responder adecuadamente a los desafíos que tiene el país en materia de conectividad aérea. Hoy son varios los actores que intervienen en la operación de los terminales aeroportuarios y no existe un ente que los coordine y que facilite un proceso de toma de decisiones oportuno y eficaz. Se trata de infraestructura crítica fundamental para el normal funcionamiento del país, de los sectores productivos y del desarrollo de la vida cotidiana de las personas, que por su relevancia, el Estado tiene la obligación de garantizar su funcionamiento continuo".

El viernes 15 la DGAC acordó cancelar las movilizaciones tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, que consiste en un bono universal y permanente que beneficiará a partir de 2025 a todos los trabajadores de la institución, entre ellos los controladores aéreos, instrumentistas, meteorólogos y personal de seguridad aeroportuaria, administrativo y auxiliar.

En las negociaciones participaron: la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC (ANFDGAC), la Asociación Nacional de Funcionarios Especialistas en Seguridad Aeroportuaria (Anesa), la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile (ACTACH) y la Asociación de Trabajadores Operativos y Fiscalizadores (ATOF)