El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Coyhaique, Pablo Carrasco, junto al vicepresidente del gremio, Pedro Pablo Arriagada, llegaron hasta el Congreso Nacional, para exponer, en la comisión de Obras Públicas, Infraestructura y Transportes; la visión de las regiones ?y en particular la de Aysén- en torno al proyecto de ley que modifica la normativa que regula la extracción de áridos. 

En la exposición, el presidente del gremio de los constructores, planteó que actualmente los plazos para la obtención de un permiso de extracción de áridos son extensos, y que los municipios más pequeños, tienen complicaciones para tramitar las autorizaciones, lo que genera un estancamiento en la ejecución de las obras públicas. 

"Este proyecto que se está discutiendo, ha tomado poca consideración a la visión de regiones, pensamos que las regiones estamos quedando un poco de lado, toma una visión que está más centrada en la zona central. En regiones, nuestros problemas van mucho más allá, porque lo que hacemos son pequeñas extracciones para solucionar obra pública. Para nosotros el tema de los plazos es críticos, tenemos pocos meses para trabajar y una norma que aumenta los plazos nos parece exactamente compleja", indicó Pablo Carrasco. 

En la misma línea, Pedro Pablo Arriagada profundizó en el tema de los plazos para el desarrollo de las obras, pues son acotados y muchas veces la tramitación de un permiso de extracción de áridos se toma la mayor parte del período en que esta debiese haber sido ejecutada. 

"El 80% de las obras en la región son de menos de 180 días de ejecución y estamos hablando de plazos, de permiso de extracción de áridos que están llegando a los 140 o 150 días. Están, consumiendo todo el tiempo de -ejecución- de las obras", explicó el vicepresidente de la CChC Coyhaique. 

La opinión técnica entregada desde el gremio, fue compartida por el diputado René Alinco, integrante de la comisión revisora del proyecto de ley. 

Una de las alternativas que se ha planteado, para disminuir los plazos de tramitación con municipios pequeños, es, por ejemplo, solicitar un permiso de extracción de un pozo de áridos en la comuna de Coyhaique y que este, sirva para abastecer al resto del territorio, algo que, en Aysén, dada las distancias resultaría inviable.  "En la práctica, va a costar mucho, como decía el dirigente", señaló el diputado Alinco, agregando que "la realidad geográfica, no permite que se aplique como está hoy día el proyecto. Por eso es que ellos pidieron participar acá, para entregar una opinión totalmente técnica".

En la sesión estuvo presente un equipo del MOP, quienes se refirieron a los plazos de tramitación de permisos de extracción contenidos en el proyecto de ley y al pago de derechos municipales por obras del Estado, pues si bien estas, están por Ley exentas de cobro, desde la CChC puntualizaron que no se está aplicando en la práctica. 

"Aquí lo que se establece es plazos máximos para dar certidumbre de que no se prolonguen más allá de los plazos", explicó el representante del Ejecutivo Carlos Estévez. 

A él, se sumó Marcia Agurto del MOP, quien indicó sobre los cobros que "Ninguna obra pública, debe, ni puede, pagar derechos municipales", agregando que, en caso de que eso no se cumpla, "Ustedes pueden hacer los reclamos". 

Finalmente, desde el gremio de los constructores, explicaron que uno de los avances más importantes que debiera contemplar esta ley, es simplificar los plazos y procesos, pues las empresas incurren en gastos altos para desarrollar estudios y nada garantiza que se obtenga el permiso de extracción. 

"En que podamos saber, de antemano, que una persona que va a hacer una pavimentación, por ejemplo, en Villa Ortega o no sé, en alguna localidad lejana, que va a gastar 6 o 7 millones de pesos en un estudio hidráulico, no sepa, o solo el último día, que no va a funcionar. Pues pierde el contrato y tiene que volver", finalizó el presidente de la CChC Coyhaique, Pablo Carrasco. 

Durante la exposición, desde la CChC se entregaron propuestas de mejora a la normativa, que van en la línea de generar una ordenanza tipo para los municipios; que los cobros de permisos tengan rangos de precios similares a los contemplados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; Que se simplifique la tramitación de un permiso en las zonas de regulación anexa (costado de los ríos por donde no hay paso de aguas); y finalmente, simplificar y reducir los plazos de tramitación.