León Marcelo Lefort Hernández es el dueño y fundador de la empresa Itelecom, la misma que le pagó una coima de ocho millones de pesos al exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, entregándole el dinero en una caja de vinos. 

El empresario enfrentaba un juicio ante el Juzgado de Garantía de Iquique, por su participación en los delitos de soborno reiterado, fraude al fisco y lavado de activos. 

Sin embargo, luego de que en noviembre de 2022 el Ministerio Público formalizara la investigación en su contra, hoy, más de dos años después de indagatorias y de haber acordado un juicio abreviado en su favor, Lefort finalmente tendrá que pagar solo el equivalente al 10% de lo que defraudó, una multa de unos 50 millones de pesos por el delito de fraude al fisco. 

Paralelamente, se le impuso otra multa de 17 millones de pesos por los delitos de soborno y lavado de activos que, además, podrá ir pagando en 12 cuotas a la Tesorería General de la República. De esta manera, Lefort no tendrá que ir a la cárcel. Claro, para esto debió admitir ante el juzgado su culpabilidad en los delitos que se le imputaron.

¿Se hace justicia con esta salida alternativa?

¿Qué significa esto para el Ministerio Público? Originalmente, la Fiscalía de Iquique pidió una pena de más de nueve años de cárcel para León Marcelo Lefort. Sin embargo, hoy no irá a la cárcel y la multa es marginal en relación a los delitos cometidos y el impacto de los mismos en la opinión pública, pues estamos hablando de uno de los delitos de corrupción más bullados y masivos que afectaron a las arcas fiscales y a la confianza de la ciudadanía en instituciones públicas como las municipalidades.

Según información publicada por Radio Bío Bío, la fiscal suplente de Iquique Kelly Pérez Harmer explicó que el procedimiento abreviado incluso permitió asegurar una condena superior a la que el imputado podría haber obtenido de ir a un largo juicio oral. "Nuestro sistema procesal permite, como una forma de descongestionar el sistema judicial, arribar a una justicia oportuna y optimizar los recursos del Estado, solucionar estos conflictos a través de una justicia negociada, ofreciendo una pena concreta que pudiere ser menor a la solicitada en la acusación, pero dentro de los márgenes legales, y como contraparte conseguir con una probabilidad rayana en la certeza, una condena", indicó la persecutora penal.

No solo eso, sino que, a su juicio, "no se debe perder de vista que las penas a las que se condenó a este acusado pudieron haber sido conseguidas también en un juicio oral por su defensa, o incluso la realización de un juicio oral de estas características siempre lleva implícito la posibilidad de una absolución, con el desgaste que significa en recursos estatales la realización de este tipo de proceso judicial".

Por otro lado, Kelly Pérez puntualiza que desde la Fiscalía "se realizó una oferta punitiva al acusado considerando las penas consagradas antes de la modificación legal, cuestión a la que tiene derecho el imputado por cierto y que de igual manera hubiera sido reconocida por el tribunal. Estas penas fueron rebajadas de conformidad a la existencia de dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en su caso: primero la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos al reconocer su participación en los mismos".

La fiscal Pérez asegura que "una condena obtenida en un juzgado de garantía tiene el mismo valor que una condena obtenida en un juicio oral".

Desde el Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte de las querellas, también están conformes con el término de la causa. En un comunicado publicado en el sitio web de la organización estatal, señalan que "(este fallo) constituye una sentencia significativa, que refleja la labor sostenida que ha desarrollado el Consejo de Defensa del Estado en esta causa de envergadura nacional".

Causa pendiente por los sobornos en Coyhaique

Cabe mencionar que Lefort aún está en un proceso judicial por los mismos delitos, pero cometidos de manera paralela en otras comunas del país, entre ellas, Coyhaique.

Su causa está siendo vista por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, y en ella se engloban los delitos de corrupción pública investigados en las comunas de Chillán, Negrete, Puerto Natales y Coyhaique, en las que se ofrecieron coimas para conseguir los contratos de recambio de luminarias públicas. En este proceso, el Ministerio Público está solicitando un total de 28 años de cárcel para Lefort. La pregunta que surge es si este cambio en la estrategia del Ministerio Público en Iquique también se aplicará en los casos ocurridos en el centro sur del país.

Recordemos que en el caso de corrupción investigado en Coyhaique, el exalcalde Alejandro Huala fue formalizado junto a su colaborador Julio Villarroel Rojas por los delitos de cohecho y revelación de secreto, luego de que el Ministerio Público planteara que ambos exfuncionarios habrían recibido más de 302 millones de pesos en sobornos, luego de que se levantara el secreto bancario en la causa.

Además de ellos, se reformalizó a otros seis imputados, León Marcelo Lefort, Ricardo Rodríguez, Leonardo Bustos y Pedro Guerra, ejecutivos de la empresa Itelecom; y a Álex Fuenzalida y Cristián Ureta, representantes de la empresa intermediaria Panal SpA, por el delito de soborno.

En este mismo caso, está además acreditada la participación de la empresa de parquímetros José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking EIRL (GreenLine), que se adjudicó los servicios de estacionamientos públicos en Coyhaique en mayo de 2015, mediante un decreto alcaldicio. Dicha empresa dejó a sus trabajadores abandonados con millonarias deudas en pago de imposiciones y sueldos.

No solo eso, sino que GreenLine era una de las empresas que Itelecom utilizaba para lavar dinero, emitiendo facturas por servicios que nunca se prestaron y que le premitía a Lefort conseguir dinero en efectivo que después era utilizado para el pago de las coimas antes mencionadas. De hecho, entre los hallazgos de la fiscalía figura una lista de empresas que no es corta, entre ellas la empresa José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking EIRL, que según documentos entregados en la investigación por Ricardo Rodríguez, al menos habría tenido participación en cuatro facturas por un total de $180 millones.