En Chile, cada incendio forestal no es solo una emergencia: es una herida profunda al territorio, a la biodiversidad, identidad, patrimonio y a nuestra propia responsabilidad como sociedad. Basta recordar los mega incendios de 2017 en la zona centro-sur o los recientes siniestros en Valparaíso, La Araucanía y Biobío para entender que el fuego, cuando es provocado o por negligencia, deja consecuencias que duran décadas.

Un bosque nativo no se recupera en meses; algunas especies vegetales tardan más de 30, 50 o incluso más de 100 años en volver a establecerse. Por ejemplo, el Ciprés de las Guaitecas, el Coigüe de Magallanes, la Lenga, el Ñirre o el Arrayán no resisten incendios de alta intensidad. Cuando el fuego avanza, no distingue entre árboles, nidos, madrigueras ni ciclos reproductivos.

Con ellos mueren silenciosamente especies animales vulnerables o en peligro de extinción: el huemul, símbolo nacional; el kongoy-kongoy (nombre mapuche del conocido Monito del Monte), clave para la regeneración del bosque; el pudú, el huillín, el carpintero negro y múltiples anfibios endémicos. Muchos no mueren quemados: fallecen después, por estrés térmico, deshidratación, pérdida de refugio o inanición. 

Las causas, en su mayoría, son totalmente evitables; en nuestro país, más del 99% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por quemas ilegales, fogatas mal apagadas, colillas de cigarro, trabajos con herramientas que generan chispas o simples actos irresponsables. Las medidas son claras: no hacer fuego en zonas no habilitadas, no realizar quemas sin autorización de CONAF, no arrojar colillas semi apagadas, limpiar franjas de seguridad en predios rurales, mantener la maleza cortada y denunciar siempre las conductas de riesgo, porque debemos recordar que, sin intención también es delito.

Cabe concientizar que el daño no termina en el suelo; los incendios provocan contaminación de aguas, con las cenizas y sedimentos que llegan a los caudales y napas subterráneas, afectando el consumo animal, humano, la pesca y la vida acuática. El mundo y las futuras generaciones pierden biodiversidad, se altera el ciclo del agua y aumenta el riesgo de aluviones y erosión. Persistir en delitos ambientales es avanzar hacia territorios más frágiles, más inseguros y menos habitables para nosotros, nuestros hijos, nietos, es decir, para toda la humanidad.

La legislación es clara, el Código Penal, la Ley de Bosque Nativo, la Ley de Pesca, la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable y Maltrato Animal, y normas ambientales sancionan severamente la destrucción de ecosistemas y el daño a los animales. Cabe recordar que el maltrato animal, incluso por acción u omisión, puede implicar penas de cárcel y multas, más aún cuando se provoca sufrimiento, muerte o abandono en todo momento, incluyendo durante emergencias como incendios.

Denunciar es un deber ciudadano y en esta región, la labor investigativa recae especialmente en la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, unidad especializada creada en el año 2007 para investigar aquellos delitos que atentan contra la biodiversidad en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena. Se trata de la primera unidad especializada de provincia en Chile, después de Santiago, y la brigada medioambiental más austral del mundo, orgullo regional y nacional en la defensa de la naturaleza.

Recordemos que cuidar los bosques, el agua y los animales no son solo una causa ecológica: creemos humildemente, que es una obligación ética, legal y humana, ya que, cuando un bosque arde, no solo se quema la madera; también se quema nuestra identidad, patrimonio, futuro y vida.