A fines de julio, el alcalde de Chile Chico presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental una Declaración de Impacto Ambiental, la cual fue rápidamente desestimada por inadmisible: no contenía los contenidos mínimos para ser analizada. 

Su propuesta es incinerar más de un 97% de los desechos (materia orgánica, poda, plásticos, papeles y cartones, entre otros residuos) de Puerto Sánchez, Bahía Murta, Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Mallín Grande.  Tanto la Municipalidad de Río Ibáñez como el Gobierno Regional de Aysén no se han involucrado en el proceso, a pesar de que en el caso del primero tres localidades pertenecen a su jurisdicción y en el del segundo, es el organismo del cual han salido los recursos del proceso.

El 8 de agosto, el alcalde de Chile Chico Luperciano Muñoz González recibió dos noticias de parte del Estado.  Como en el chiste, una buena y otra mala. La buena, el Servicio Electoral aceptaba su candidatura a la alcaldía de Coyhaique. La mala, el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén le informaba que su propuesta de "solución" para los residuos sólidos de gran parte de la cuenca del lago General Carrera, también conocida como Chelenko, era declarada inadmisible.

En esta crónica, los detalles de una controversial iniciativa que plantea incinerar (en una tecnología denominada termodisociación anóxica o TDA) desechos orgánicos, poda, plásticos, papel, cartones y todo material con poder calorífico proveniente de Puerto Sánchez, Bahía Murta y Puerto Río Tranquilo (comuna de Río Ibáñez), y de Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Mallín Grande (comuna de Chile Chico).  En un territorio donde, esencialmente gracias a la organización comunitaria, se plantea una gestión responsable de los residuos en múltiples niveles: reducción, reutilización, reciclaje, y con miras a avanzar a las 7Rs con rediseño de los sistemas, junto a recuperación, reparación y renovación de los bienes.

Una controversial idea que avanza

En 2020, la Unidad de Proyectos de la División de Presupuesto e Inversión Regional Gobierno Regional de Aysén elaboró el perfil "Construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos" que planteaba un centro de gestión bicomunal para los residuos generados en las seis localidades, ubicado en un predio de 45 hectáreas aledaño al actual vertedero de Puerto Bertrand.

El informe establecía que la propuesta de solución debía considerar "el consumo responsable y la reducción de la generación de residuos", poniendo "en práctica medidas de prevención… acciones sobre bolsas plásticas de un solo uso y envases plásticos"; "recolección selectiva de materiales recuperables claramente definidos, los que serían densificados y apropiadamente almacenados para su posterior transporte y comercialización, minimizando intermediarios"; "la utilización de composteras caseras para el tratamiento en origen de la fracción FORM para su posterior valorización secundaria".  Y "respecto a la infraestructura de disposición final se definirán -bajo principios de sustentabilidad, racionalidad, proximidad, eficiencia y complementariedad- los sitios apropiados para ordenar los flujos de residuos".

La alternativa priorizada en este perfil contemplaba un fuerte énfasis en infraestructura e instalaciones para el tratamiento en origen, con la disposición final como última alternativa.

En línea con esta idea, el alcalde DC Ricardo Ibarra Valdebenito -quien hoy postula nuevamente al cargo- logró que a fines de 2020 el Gobierno Regional de Aysén aprobara 800 millones de pesos para adquirir las 45 hectáreas mencionadas.  Decisión en la cual la comunidad de Puerto Bertrand no tuvo mayor participación, informándose sólo cuando se hizo pública la adquisición.

Esta materia también fue abordada en el Informe Final (2021) de la evaluación a cinco años de la implementación del "Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 2015-2035" del Gobierno Regional de Aysén, donde se señalaba que la alternativa para la cuenca del lago General Carrera "se espera que en un mediano plazo de una solución sustentable a la gestión de residuos de ambas comunas".

Con el terreno ya adquirido, se avanzó en contratar una consultoría para elaborar el diseño respectivo.  Tras una licitación publicada en enero de 2023 por la administración de Muñoz, ésta se adjudicó en marzo de ese año a Bioaqua, que también realizó el "Estudio diagnóstico plan de Gestión de Residuos Sólidos Región de Aysén" por mandato del Gobierno Regional de Aysén en 2012.  

Durante 2023 la consultora realizó el proceso de levantamiento de información y socialización de la iniciativa.

Ya en los términos de referencia se señalaba expresamente que "el centro de gestión de residuos contemplará el procesamiento de los distintos tipos de residuos, evaluando la implementación de una planta de transformación o eliminación de residuos, incorporando en la evaluación distintas tecnologías siendo una de ellas WtE (Waste to Energy), también se debe evaluar la incorporación de compostaje de residuos orgánicos, recuperación de materiales reciclables y disposición final de residuos, todo esto en una superficie total de 45 hectáreas".  Incluso se ponderaba con mayor puntaje a los proponentes que tuvieran experiencia en esta tecnología.

Aunque son seis las localidades contempladas, la licitación estipulaba sólo una actividad de participación ciudadana, en la cual se sometiera "a consideración de la comunidad los resultados obtenidos de manera preliminar en la Línea Base Ambiental y la propuesta técnica a nivel de anteproyecto".  Ésta se realizó vía Zoom el 23 de enero de 2024, con la participación de unas 15 personas (principalmente de Puerto Guadal, más algunas de Puerto Bertrand).

Distancia nuevas instalaciones de Puerto Bertrand

El proyecto

Pero antes de ver cómo caía su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 8 de agosto, el municipio ya había tenido un tropezón previo con el Servicio de Evaluación Ambiental.  

El 10 de mayo el SEA declaró desistida la consulta de pertinencia presentada el 15 de marzo por el gobierno comunal.  En ésta, el municipio buscaba dilucidar si su propuesta de un "Centro de Gestión de Residuos" debía ingresar o no al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  La autoridad ambiental tomó la decisión tras el silencio del proponente ante la solicitud de mayores antecedentes que se le exigieron.

En la DIA es posible conocer el proyecto.

Lo primero es la tecnología seleccionada: termodisociación anóxica (TDA), que dicho en simple -y según sus impulsores- es la "descomposición por termólisis en una cámara sellada bajo presión negativa, con un alto flujo térmico y una alta temperatura sin presencia de oxígeno, aire o vapor".  Por esto, insisten, el proceso no puede ser considerado "incineración" ni "quema" de material sino de tratamiento o destrucción térmica.  Esto, a pesar de que el propio alcalde señaló en marzo de 2022 que se trata de "una planta trituradora que a más de mil grados de calor va a quemar la basura sin generar contaminación".  Y frente a la alternativa de separación en origen para compostaje o botellas plásticas, el 29 de junio del mismo año dijo Muñoz que "el tratamiento de que uno junta la cascarita de papa, otro junta la latita, no sirve".

El sistema consistiría en incinerar los residuos orgánicos (de alimentos y podas), plásticos, tetrapack, cartones, papeles, y restos de residuos voluminosos combustionables, mientras que los desechos "sin poder calorífico que pueden ser reciclados (vidrio y metales)" serían separados en puntos verdes en las propias localidades, los cuales se derivarían posteriormente al centro de gestión.  Se calcula en que más de un 97 % del total de los desechos recolectados serían incinerados.

Los residuos transformados en escoria o ceniza "se trasvasijarán desde el contenedor a maxisacos, los cuales se trasladarán a la zona de disposición de escorias del relleno sanitario con la ayuda de un minicargador".  

Se contempla que los escombros también sean depositados en una zona especialmente habilitada, mientras que en el caso de los residuos voluminosos como "muebles y aparatos eléctricos y electrónicos de gran tamaño? serán retirados de los domicilios de las localidades objetivo". Los elementos que no se combustione y que "por su estado puedan ser reutilizados, serán derivados a reparación y aquéllos que no puedan ser reutilizados serán derivados a desarme".

El proceso de combustión generaría un gas que sería "extraído inmediatamente de la unidad Blue Box mediante un turbo-extractor, pasa a través de un filtro ciclónico para remover las partículas volantes y es inyectado a un quemador del tipo Hi TAC SWIRL en combustión turbulenta para garantizar una combustión completa".

Tras una sencilla búsqueda en internet se constata que no existe mucha información sobre la tecnología propuesta.  Tampoco si ésta se ha implementado en algún proyecto en particular en Chile o a nivel internacional.  Esto, aunque Muñoz ha señalado que procesos similares se aplican en Turquía, país que últimamente ha sido catalogado como "el nuevo vertedero de Europa".

Lo que sí existe son informes sobre los efectos de la incineración: "Otras emisiones de preocupación son las partículas ultra-finas o nanopartículas. Como son super finas atraviesan los filtros de los incineradores y también los filtros que tenemos en nuestro cuerpo. Las partículas ultra-finas pueden provocar serios problemas de salud, como cáncer, infartos, asma y enfermedades pulmonares, entre otras.  Arrastran los químicos que emiten los incineradores, como dioxinas y metales pesados, que así pueden ingresar fácilmente en el ambiente y en nuestro organismo" señala el documento "Incinerando el Futuro" de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración. (continúa en la edición de mañana con "Las dudas del SEA y la comunidad")

Al fondo del vertedero municipal de Puerto Guadal, el Lago General Carrera. Hoy está cerrado.

Las dudas del SEA y la comunidad

Aunque la DIA no alcanzó a llegar a manos de los organismos evaluadores, cuando pasó por la consulta de pertinencia concitó múltiples dudas en el SEA.  En carta enviada el 2 de mayo, el organismo hizo más de 30 observaciones solicitando aclaraciones, particularmente en lo relacionado con "caracterizar y estimar las emisiones atmosféricas para las distintas etapas del proyecto, acompañando modelación de dispersión atmosférica", toda vez que no existía mención alguna sobre el particular. Lo mismo solicitó para el olor: "Caracterizar (considerando concentración, calidad, tono hedónico, intensidad) y estimar el olor. Además, en su análisis deberá considerar su proceso de formación y forma de liberación a la atmósfera, acompañando modelo de dispersión de olores u otras metodologías que estime pertinente".

Asimismo, requirió que "considerando los contaminantes de las aguas de lavado, y, la cercanía del proyecto al río Bertrand, presentar gráfica y espacialmente, el diseño del manejo de los residuos líquidos del proyecto (considerar drenes de infiltración)".  Y consultó "cuál será el tratamiento/disposición/eliminación de las escorias y cenizas que estarán dispuestas en esta zona".  Aludió también a que no queda clara la vida útil del proyecto, "considerando sus distintas etapas (construcción, operación y cierre)".

En ocho páginas, el SEA solicitó múltiples precisiones, incluidas las relacionadas con el hecho de emplazarse en la Zona de Interés Turístico Chelenko.

Pero no fue sólo este organismo el que hizo saber sus inquietudes. 

El 19 de abril, doce organizaciones de las dos comunas involucradas enviaron una carta al Servicio de Evaluación Ambiental planteando que un proyecto de estas características debe ser evaluado con el mayor estándar: Estudio de Impacto Ambiental.  Estas fueron la Junta de Vecinos N°8 de Puerto Guadal, la Junta de Vecinos N°6 Puerto Río Tranquilo, la AG de Turismo, Cultura y Artesanía de Puerto Guadal, la Agrupación de Turismo y Cultura Calafates de Bahía Murta, la Corporación Chelenko, la Unión Comunal Rural de Chile Chico, el Comité de Turismo y Cultura de Río Leones, la Feria Campesina de Bahía Murta, la Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Río Tranquilo, el Comité de Desarrollo de la Infancia del Baker de Puerto Bertrand, la AG Turismo, Recreación, Educación Ambiental Costa Murta y la Comunidad Organizada de Operadores y Servicios Turísticos de Puerto Bertrand.

Entre los argumentos de carácter técnico mencionaron que éste generaría al menos cuatro de los efectos que obligan a ingreso de un EIA, "debido a las potenciales emisiones al ambiente de dioxinas, furanos y metales pesados, todas sustancias tóxicas para la salud de las personas y el ambiente, en cantidades superiores a las permitidas por las normas nacionales y extranjeras. Estas emisiones serán expulsadas de la planta, entre otras formas, dentro de las emisiones de gases a la atmósfera en tamaños de nanopartículas, muy difíciles de detectar y filtrar, por lo que las probabilidades de que salgan al ambiente son altas".  

Se alude así a los "riesgos para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos"; "efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire"; "reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos"; y a "localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar". 

En términos de políticas públicas, aclaran que la incineración de materia orgánica, poda, plásticos y otros componentes, va en contra de todas las iniciativas que desde las localidades de ambas comunas se han venido impulsando en pos de la reducción de la generación de basura mediante la autoproducción, la reutilización de los residuos orgánicos para recuperación de suelos cultivables y huertas familiares, la valorización de residuos y reciclaje, por lo que sería contradictorio dar una señal del tipo "no haga esfuerzos en reducir o reutilizar su basura, nosotros la hacemos desaparecer".

Más aún, el proyecto va en dirección contraria a las iniciativas apoyadas por fondos públicos sectoriales y del propio Gobierno Regional de Aysén, coherentes con el "Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 2015-2035 del Gobierno Regional de Aysén" y que considera un "programa ciudadano que incluye el desarrollo de iniciativas que buscan el cambio de hábitos de consumo, el desarrollo de actitudes de conciencia ambiental, pero también se suman las acciones asociadas a la promoción de instrumentos normativos y otras gestiones relacionadas".  

La Política Nacional de Residuos 2018-2030 establece una estrategia jerarquizada para el manejo de residuos donde la prioridad está en evitar la generación, seguida de reutilización, reciclaje de uno o más de sus componentes, su valorización energética "dejando como última alternativa su eliminación".  "El proyecto 'Centro de Gestión de Residuos Sólidos Cuenca General Carrera' ofrece una alternativa que corresponde a la última acción de la jerarquía para el manejo sustentable de residuos, y por tanto deberían ser otras las actividades a realizar en la región para avanzar en el manejo sustentable de los residuos sólidos" señalan las y los dirigentes comunitarios en la carta dirigida al SEA.

Y, en un listado amplio, dan cuenta en la carta de la incongruencia del proyecto con la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 desarrollada recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje, el Reglamento de Envases y Embalajes de la Ley REP y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos al 2040 que plantea alcanzar a ese año un 66% de valorización de los residuos orgánicos generados a nivel municipal, a lo cual este proyecto claramente no aportaría al ser reducidos a cenizas. 

Por último, recuerdan que "una planta incineradora de residuos propuesta en Lautaro (WTE Araucanía), fue rechazada en 2022 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía y en 2023 el Comité de Ministros, con 17 mil observaciones ciudadanas en contra, ya que fue evaluada ambientalmente mediante estudio de impacto ambiental".

A la misiva de las organizaciones se sumó la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA) que solicitó por esos días hacerse parte en el procedimiento de consulta de pertinencia.  Pero el SEA no tuvo que responder al declararse desistido el trámite.

CODESA puso estos antecedentes en conocimiento del Gobierno Regional de Aysén, financista tanto de las 45 hectáreas donde se pretende materializar el proyecto como de los fondos para la realización del estudio.  Más aún y paradójicamente, este organismo lo ha incluido como parte de la cartera de proyectos que operativizan el avance del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 2015-2035, presentándolo el 8 de agosto ante la Comisión de Regionalización Integración Territorial y Medio Ambiente del Consejo Regional.

El futuro del proyecto hoy es incierto.  El argumento del SEA para declararlo inadmisible, entre otros, fue que su falta de "claridad" para ser comprendido por la ciudadanía, que "no presenta los contenidos comunes y mínimos de las Declaraciones de Impacto Ambiental", en especial dado que no "cuantifica las emisiones relacionadas con gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta del proyecto".  

Incluso, se señala que la iniciativa no aclara por qué podría evaluarse vía Declaración y no mediante Estudio de Impacto Ambiental.

La licitación de la consultoría obliga a que se presente el proyecto a evaluación ambiental, donde uno de los productos de los términos de referencia es la "obtención de la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable".

Un objetivo que, hoy por hoy, no está tan claro que se pueda alcanzar.