A propósito de las últimas decisiones judiciales que se han adoptado en torno a las cuantiosas ganancias que han obtenido en los últimos meses un par de conocidas imputadas en arresto domiciliario, a través de su exposición en portales web para adultos, he oído a más de alguien decir que la retención judicial de dichos recursos financieros "es lo mínimo" que se puede hacer por parte de los tribunales, respecto de quienes, con estas actividades en la web, se estarían burlando del sentido que tiene cumplir "una sanción" impuesta por la justicia.

El error gigantesco del que parte dicha opinión es entender a la prisión preventiva o el arresto domiciliario como un castigo. Ello no es así, ni podría serlo, dando muestra de una comprensión totalmente errónea de lo que es una medida cautelar. 

La prisión preventiva, el arresto domiciliario, así como cualquier otra cautelar, jamás se decreta como castigo, y ello por una razón simple: su ejecución es anterior a cualquier decisión definitiva de un Tribunal de la República sobre la culpabilidad o inocencia de un imputado o imputada.

Un claro indicador sobre el real nivel de nuestro Estado de Derecho se puede ver al observar el porcentaje de las personas que están presas en nuestro país (o región) en razón de encontrarse cumpliendo una condena privativa de libertad y, por otra parte, cuántos lo están porque el Estado decidió que lo más adecuado era que tales personas, a las que hemos de presumir y tratar como inocentes, esperasen la realización del respectivo juicio, privados de libertad.

Este aspecto de la realidad carcelaria muestra, particularmente en nuestra región, un preocupante desarrollo en el último año, período en que la cifra de prisiones preventivas ha ido creciendo sustancialmente, y ello no es una buena noticia.

Debemos analizar la manera en que la prisión preventiva, la más extrema de las medidas cautelares que se puede imponer en un proceso penal, está funcionando en nuestro país y, particularmente en la Región de Aysén. Todo indica que también en nuestra región, hace rato estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, en el sentido en que pretendemos sancionar antes de siquiera iniciar el juicio por el que se determinará si una persona es inocente o culpable. 

El excesivo uso de la prisión preventiva conlleva un inaceptable incremento en las posibilidades de encarcelar a personas inocentes y, el entenderla como una sanción y no como lo que realmente es, una medida cautelar que nada tiene que ver con la idea del castigo, es probablemente el origen de este uso exacerbado de esta extrema medida de privar de libertad a quien se presume inocente mientras no se dicte una condena que, analizando todas las pruebas del caso, derribe dicha presunción.