Columnista, ColaboradorLa humanidad está enfrentando una triple crisis: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Estos tres problemas interrelacionados amenazan la estabilidad de los ecosistemas y la calidad de vida de las personas en todo el planeta. En respuesta a estos desafíos, el Ministerio del Medio Ambiente ha intensificado sus esfuerzos por implementar políticas que no solo mitiguen los efectos del cambio climático, sino que también fomenten una transición hacia una economía más sustentable. Iniciativas como la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, la Ley Marco de Cambio Climático, los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos y la firma del acuerdo de Escazú son ejemplos claros de los pasos que estamos tomando para asegurar un futuro con una perspectiva distinta.
En ese sentido, nuestro gobierno ha adoptado una visión integral del desarrollo sostenible, centrada en un crecimiento económico ordenado y vanguardista, que pone especial énfasis en la justicia social y ambiental. La transición energética hacia fuentes renovables, la promoción de una economía circular y la protección de nuestros ecosistemas son pilares clave en esta estrategia. El enfoque del presidente no se limita solo a la protección ambiental, sino que reconoce la necesidad de generar bienestar para las personas, especialmente aquellas más vulnerables a las consecuencias de la degradación ambiental. La sostenibilidad del crecimiento económico, entendida como un equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales, es el norte que guía cada una de sus políticas, y que por cierto es un gran desafío.
La región de Aysén enfrenta una realidad que debemos mirar con perspectivas diversas. Por un lado, su enorme riqueza natural, que incluye glaciares, fiordos, bosques y ríos, la convierte en una de las zonas más prístinas del país y del mundo. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes en términos de conectividad, acceso a servicios y oportunidades económicas. El futuro de Aysén debe ser profundamente reflexionado, pues es necesario equilibrar la protección de sus ecosistemas con el crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes y por eso es que como gabinete regional hemos puesto el diálogo y la acción público-privada como nuestros principales ejes de trabajo para lograr esto. Desde ahí, vemos con esperanza el desarrollo del turismo sostenible, la agricultura regenerativa desde la agricultura familiar campesina y el manejo responsable de los recursos naturales son algunas de las oportunidades que la región podría aprovechar para crecer sin sacrificar su integridad ambiental. También sabemos los desafíos que tenemos respecto al litoral, ya que acá está la principal industria regional, por lo que el diálogo constructivo y el fortalecimiento de los estándares ambientales aseguran que la convivencia no deje a nadie atrás.
Como gobierno reconocemos estos desafíos y hemos trabajado activamente en la región para fomentar un crecimiento sostenible y un desarrollo justo. Las inversiones en edificaciones sustentables, las proyecciones de la infraestructura verde, las políticas para promover la energías renovables a través de inversión y el proyecto de ley de sistemas medianos, además de los incentivos para la creación de empleos verdes en micro, pequeñas y medianas empresas son algunos de los ejemplos que evidencian este compromiso. Además, se han impulsado espacios de diálogo para que las comunidades locales puedan ser parte activa de las decisiones que afectan su entorno. Aysén no solo debe ser un ejemplo de cómo convivir con la naturaleza, sino también de cómo se pueden generar oportunidades de sin comprometer el bienestar de futuras generaciones.
La proyección de un modelo de desarrollo resiliente requiere que todos los sectores y territorios del país sean escuchados, sin excepción. El gobierno ha mostrado su disposición a mantener un diálogo abierto y participativo, donde se aborden todos los temas, desde la importancia del crecimiento regional, la acción para abordar la crisis climática hasta las desigualdades sociales. Esta disposición al diálogo es esencial para construir políticas públicas que no solo respondan a las urgencias del presente, sino que también proyecten un futuro más justo y sostenible para todos. La clave está en la revisión constante de las decisiones, para asegurar que avanzamos hacia un modelo regional capaz de enfrentar las crisis globales, adaptarse a las nuevas realidades y mejorar la calidad de vida de las personas a través de una transición socioecológicajusta que no deje a nadie atrás.
