Diego Maldonado trabaja en el consultorio Alejandro Gutiérrez de Coyhaique (foto principal) y es uno de los 497 trabajadores que ingresaron al sistema de salud a apoyar el combate contra el Covid-19, en el momento álgido de la pandemia.

Sin embargo, ya pasada la emergencia sanitaria a nivel mundial, muchos de estos funcionarios (administrativos, enfermeros, técnicos, médicos, profesionales de la salud, TENS, etc.) siguieron prestando servicios en hospitales, consultorios, postas rurales y rondas médicas, debido a la alta demanda de atención de salud y todas las atenciones que quedaron en espera durante la priorización de los pacientes con Covid-19. Representan, en conjunto, el 12,5% de los funcionarios de salud de la región.

Condiciones laborales precarias

Y pese a que realizan las mismas funciones que los trabajadores de planta o a contrata, sus condiciones laborales son precarias. Una muestra de ello es que a nueve días del término de sus convenios aún no saben si seguirán trabajando a partir del 1 de enero de 2025. "Justo el director del consultorio Alejandro Gutiérrez pidió permiso legal hasta el 26 de diciembre y hasta la fecha no nos han llamado para ver si continuamos o no en enero del otro año", comenta Diego Maldonado, quien se desempeña en la OIRS del consultorio antes nombrado, y hasta ahora está con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su trabajo.

Pero no es lo único por lo que pasan estos funcionarios catalogados como "compra de servicios". "Hemos pasado maltrato, explotación, porque nos explotan. El hecho de que nosotros seamos 'compra de servicios' para ellos como ya eres una empresa, entonces te vamos a tirar más más trabajo, más trabajo, más trabajo y mientras tú hagas mejor tu trabajo, más trabajo te van tirando. Encontramos que es injusto, no tenemos vacaciones. Hay colegas que llevan cinco años sin vacaciones, no tenemos permiso administrativo, lamentablemente no podemos enfermarnos".

Además de eso, Diego Maldonado comenta que al funcionar "como una empresa", ellos emiten sus boletas por sus servicios prestados, pero desde el Servicio de Salud o el Consultorio, según sea el caso, "nos pueden pagar hasta 30 días después de la fecha después de la boleta emitida".

Mal clima laboral y efectos en la salud mental

El hecho de que sean categorizados de una manera distinta al resto de los funcionarios, también deja al descubierto otro tipo de problema: un ambiente laboral quebrado entre quienes son de planta y quienes prestan servicios.

Todo esto, evidentemente, ha generado problemas de salud mental en estos trabajadores que se desempeñan en estas condiciones y malos ambientes laborales. "Nuestra situación de salud mental claramente se está viendo muy afectada, la situación económica también, porque nos desordena, todos los meses nos desordenan nuestro presupuesto porque claro, ellos tienen hasta 30 días para pagarnos, pero no hay certeza de nada. No nos pagan y nosotros no podemos pagar nuestras deudas. No podemos decirle a nuestros acreedores que voy a pagar este día porque este día me van a pagar. Siempre es como todo está como en el aire, no tenemos fecha de pago. Si sufrimos algún accidente, no estamos cubiertos con nada".

Dirigentes en alerta

La situación es confirmada y lamentada por Anaí Freire, presidenta regional de Fenpruss, federación que agrupa a los profesionales de la salud pública. 

La dirigenta señala que "se nos ha informado la dirección del Servicio (de Salud), en reuniones con nuestra organización con otros gremios que sí continuarían al año siguiente. El asunto es que esto no ha sido informado formalmente a las jefaturas, o sea, incluso el día viernes pasado, un jefe de unidad nos confirmó que no han sido notificados. Tengo entendido que en el hospital sí, pero en el resto de los de los establecimientos del servicio no. No han tenido la bajada formal por parte del Director de Servicio hacia los jefes de unidad que ya programan agenda para atención de usuarios. En enero o febrero no saben si se van a contar con estas personas para la atención o entonces igual es un poco molesto".

"Nosotros detectamos hace un año más o menos que en el caso de los profesionales y en otros estamentos una desigualdad económica siendo la misma función de funcionarios a contrata, por ejemplo", explica Freire, quien ejemplifica que los sueldos de los "compra de servicios" son menores a los  rangos mínimos de sueldos que se paga a los trabajadores a honorario, lo que se suma que ni siquiera cuentan con derecho a Seguridad Social a perder vacaciones o tomar licencia.

En cuanto al efecto que esto causa en los funcionarios, Anaí Freire comparte la opinión de Diego Maldonado, en el sentido de que "si ves que haces el mismo trabajo y ves que tu tu compañera que está contratada, por ejemplo, gana mucho más que tú, haciendo el mismo trabajo, esa cuestión también genera resistencias entre compañeros, entre colegas, genera un clima laboral un poco complicado". 

Si un funcionario se atreve a levantar un reclamo o una denuncia al respecto, lo piensa antes. "Mejor no reclamo más por mis derechos, porque capaz que me corten el contrato de aquí a fin de mes. Entonces esa sensación de inestabilidad aborda todo todo lo que tiene que ver con tu entorno laboral y también con la atención de los usuarios, que es lo importante", indica la dirigenta.

"Falta de empatía"

"Se juega mucho con los sentimientos de las personas, considero que es casi tortuoso que no piensen en eso y es doloroso también cuando tú ves esa falta de empatía y sensibilidad con trabajadores. Siento que no les interesa, entonces es bien agotador", señala Anaí Freire.

Según la presidenta de Fenpruss, en una región donde el Servicio de Salud maneja toda la oferta de salud pública, tanto de hospitales como de consultorios y similares, no debería ser tan difícil tomar decisiones o informar al ministerio a nivel central de cuáles son las condiciones laborales que se deben mejorar.

Anaí Freire reconoce que esta situación "no es solamente ahora de esta administración, sino que viene desde atrás", lo que ha motivado constantes reuniones con la dirección del Servicio de Salud Aysén y otras autoridades. 

En los próximos días, los dirigentes pretenden incluir a los parlamentarios regionales en la discusión de este problema, porque se necesita regular la existencia de un trabajo estable para todos los funcionarios de salud.