En una acción que se está volviendo recurrente en Aysén, un particular cerró con una cadena el acceso vehicular que tradicionalmente vecinos y empresas de turismo local han usado para acceder al lago Leones, adyacente al Parque Nacional Laguna San Rafael.  

Se trata de la ruta que ingresa desde el cruce del Camino Longitudinal Austral, a la altura del kilómetro 10 hacia el Valle Leones, que por años ha sido utilizada por pobladores, operadores turísticos y visitantes para acceder a este excepcional lugar con el fin de observar el glaciar del mismo nombre.

Desde que hace unos años varios predios del área (de unas 1.800 hectáreas) fueran adquiridos a mediados de los 2000 por John Whitelaw y Elena Sobakina, ha habido una serie de impedimentos para que se siga desarrollando turismo de pequeña escala en el sector, e incluso de visitantes regionales particulares.  En el sector se constituyó el Área Privada Protegida Pichimahuida.

Ya en 2019 se generó una controversia por un taller gratuito para formar guías locales, que organizara la AG de Turismo de Puerto Guadal con recursos del Estado, que concluyó con una visita al lago, frente al glaciar.  En la ocasión, Sobakina advirtió, mediante una carta, que demandaría al medio que publicó un artículo alusivo, por incluir fotografías del sector.  Posteriormente, en 2022, se generó una controversia similar con Patagon Journal, en el mismo tenor, al recordarse dicho conflicto en el reportaje "Jugando al Monopoly Verde en la Patagonia".  Y en 2023 Ladera Sur publicó un artículo sobre el sector del Valle Leones que fue sujeto de similar advertencia.  El resultado: bajar el artículo (hoy se mantiene un posteo en Facebook sobre la nota cuyo link no dirige a página alguna).

Para el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Erwin Sandoval Gallardo, en este caso hay dos bienes públicos enfrentados.  "Está el interés de conservar un territorio por parte de un particular en su propiedad privada, pero también el de la comunidad de acceder a un espacio que históricamente se ha utilizado para el esparcimiento, el contacto con la naturaleza y el desarrollo económico local como es el turismo, que tanto promocionamos como región. Espacio que, por lo demás, corresponde a un bien nacional de uso público, estando prohibido cerrar el acceso a bienes públicos como el lago Leones" planteó.

Agregó que "esperamos que organismos como Conaf, que hasta hoy administra el Parque Nacional Laguna San Rafael, el Ministerio de Bienes Nacionales, que regula el acceso a los bienes nacionales de uso público, además del Ministerio de Obras Públicas responsable de los accesos viales públicos, junto a todas las autoridades pertinentes, aborden este tema, ya que está generando complejidades a los pobladores históricos".   En este sentido, desde la organización consideran que para ello se requiere que autoridades convoquen a una mesa de trabajo que aborde el tema con diversos actores, como lo ha planteado la Municipalidad de Chile Chico y como se ha hecho en muchos otros casos en que se ha requerido la definición de una servidumbre legal para garantizar el acceso a bienes nacionales de uso público.

Sandoval recordó que estos conflictos no son nuevos ni se relacionan sólo con la conservación o con extranjeros.  Está el reciente caso de Puerto Bertrand donde un particular cerró el acceso a las riberas del lago homónimo y el río Baker; la minería que no sólo se apropia del subsuelo, con desconocimiento de los pobladores, sino que afecta su salud como el caso de El Toqui en Alto Mañihuales; o de las corporaciones salmoneras nacionales y extranjeras que imponen un modelo de desarrollo, inclusive al interior de áreas protegidas.

"Como organización siempre hemos abogado por herramientas de conservación que dialoguen con los usos del territorio que hacen las comunidades locales.  Y advertimos que en el caso de este proyecto privado de conservación hay un choque profundo, que se ejemplifica con esa cadena que cierra el paso" indicó.   

Colisión que, señaló, "no advertimos en el caso de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, porque éstos precisamente son herramientas que permiten compatibilizar la necesaria conservación con los usos que las comunidades hacen del territorio.  Es más, son instrumentos para mantener agua, suelo y aire limpio, fundamentales para una producción sustentable y con denominación de origen.  Y donde existe un conducto institucional, que es el de consulta pública en proceso y que acertadamente se ha extendido".

Fotografía: Fundación Glaciares Chilenos