El reciente rechazo en la Cámara de Diputados chilena al financiamiento del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), junto con partidas destinadas a la Subsecretaría de la Niñez y al Sistema de Protección de la Infancia, no solo representa un fracaso político, sino un retroceso ético y social. 

La decisión de 54 votos en contra del PAIG, bajo argumentos poco fundamentados, expone las tensiones ideológicas que, lejos de proteger a niños, niñas y adolescentes (NNA), los colocan en una posición de mayor vulnerabilidad. El PAIG, criticado bajo la acusación de vulnerar derechos fundamentales de NNA, ha sido despojado de su esencia en el debate público. No busca intervenir médicamente ni promover agendas ideológicas, sino ofrecer acompañamiento psicosocial a quienes, junto con sus familias, enfrentan situaciones de discriminación y exclusión.

Este rechazo no solo vulnera derechos básicos, sino que también abre una grieta en la confianza hacia el Estado como garante de la protección de sus ciudadanos más jóvenes y vulnerables. La retórica que justificó el rechazo al PAIG estuvo plagada de desinformación y prejuicios, legisladores como Marlene Pérez y Francesca Muñoz han insistido en que el programa vulnera derechos, pero no han presentado evidencia concreta para respaldar estas afirmaciones. Por el contrario, los datos presentados por sus defensores son claros: en el 99% de los casos, las familias participan activamente en los procesos de acompañamiento que brinda el programa, desmintiendo categóricamente los argumentos de exclusión familiar. 

Esto deja en evidencia que la oposición al PAIG responde más a sesgos ideológicos que a una preocupación real por el bienestar de los NNA. El rechazo al PAIG no se produce en un vacío ya que estudios internacionales y locales han documentado que los programas de apoyo psicosocial para infancias trans son herramientas efectivas para reducir los índices de discriminación, depresión y suicidio en esta población. Ignorar esta evidencia no solo es irresponsable, sino que refleja una falta de compromiso con políticas públicas basadas en datos, lo que debería ser un principio rector en cualquier democracia moderna. 

El feminismo ha planteado históricamente que las decisiones políticas deben centrarse en el bienestar colectivo, especialmente de los grupos más vulnerables, en este caso, la niñez trans y sus familias han sido instrumentalizadas como peones en un juego político que prioriza ideologías sobre derechos humanos.

El rechazo a este financiamiento implica, en términos concretos, la eliminación de recursos que permiten a los menores encontrar apoyo y seguridad en un entorno que muchas veces les es hostil. El mensaje es claro: en la lucha entre derechos humanos y agendas políticas, son las infancias quienes pierden. Esta decisión plantea un peligroso precedente que pone en duda la capacidad del Estado para actuar como garante de derechos fundamentales, un principio esencial en una sociedad democrática. Aunque el rechazo al PAIG se enfoca directamente en las infancias trans, su impacto repercute de manera significativa en las mujeres, particularmente en las cuidadoras. 

En Chile, el trabajo de cuidado sigue recayendo mayoritariamente en mujeres, quienes enfrentan una doble carga: lidiar con los desafíos emocionales y económicos de apoyar a NNA en situaciones de discriminación, mientras el Estado se desentiende de sus responsabilidades. En este contexto, la decisión de la Cámara no solo vulnera a las infancias, sino que también precariza aún más el trabajo de cuidado, perpetuando la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. Este escenario contrasta con las demandas de aumentar el estipendio para cuidadores, evidenciando una incoherencia profunda. Se reconoce la necesidad de apoyar los roles de cuidado, pero se niegan recursos clave que permitirían a estas familias tener un soporte estatal integral. El Estado chileno tiene la obligación de garantizar el desarrollo pleno de sus ciudadanos, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. 

Al rechazar el financiamiento de programas como el PAIG, los legisladores están incumpliendo su deber de promover políticas públicas que protejan los derechos humanos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile. La politización de los derechos de las infancias trans es un síntoma de un problema más profundo: la falta de compromiso con una agenda de derechos humanos que trascienda las diferencias ideológicas. Mientras sectores de la oposición utilizan argumentos moralizantes para justificar su rechazo, ignoran el impacto real de estas decisiones en la vida de los NNA y sus familias. 

El rechazo al financiamiento del PAIG no es solo un revés para las infancias trans; es un ataque directo a los principios fundamentales de igualdad y justicia. Si el Congreso no es capaz de garantizar recursos para programas que salvan vidas y promueven el bienestar, ¿qué mensaje estamos enviando como sociedad? 

No se puede hablar de progreso social mientras se desmantelan políticas públicas esenciales para los sectores más vulnerables, ni de protección a la niñez cuando se ignoran sus necesidades específicas y se subordinan sus derechos a intereses políticos.