En dependencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se realizó ayer una nueva sesión de la Mesa Regional de Supervisión Carcelaria, instancia en la que se revisaron los principales proyectos y estados de avance en materia penitenciaria en la Región de Aysén, incluyendo iniciativas de infraestructura, funcionamiento interno de recintos y situaciones particulares de personas privadas de libertad.

La reunión fue liderada por el fiscal judicial (s) de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Juan Patricio Silva; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro; el magistrado del Juzgado de Garantía, Mario Devaud; el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Joaquín Bizama; la abogada asesora del Ministerio Público, Yessie Villegas; la defensora penitenciaria de la Defensoría Regional, Paulina Pérez, y representantes de Gendarmería de Chile.

Durante la sesión, la mesa abordó en primer término el estado de avance del proyecto de conservación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, iniciativa destinada a mejorar la infraestructura del recinto, junto con revisar el progreso del proyecto de la nueva Unidad Penal para la ciudad, incluido en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Posteriormente, se analizaron diversos aspectos vinculados al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, entre ellos la situación de las mujeres condenadas ?considerando sus planes de intervención, actividades y condiciones de funcionamiento de la sección femenina habilitada este año? y la puesta en marcha de la nueva caldera del establecimiento, evaluando su operatividad en el sistema de calefacción central. Finalmente, se examinó la situación de un adolescente condenado respecto del cumplimiento de la pena impuesta, además de otros asuntos de interés relacionados con el funcionamiento penitenciario regional.

Al cierre, el fiscal judicial (s) Juan Patricio Silva valoró el trabajo coordinado de las instituciones que integran la mesa, destacando que "este espacio permite monitorear de manera permanente el funcionamiento de los recintos penitenciarios y avanzar en soluciones concretas para las personas privadas de libertad, siempre resguardando los estándares que exige la normativa vigente".