El Ministerio Público formalizó a Isidoro Quiroga, exejecutivo y anterior propietario de la empresa salmonera Australis Seafoods y decretó su arraigo nacional. La fiscal a cargo del caso, detalló en su minuta la forma en que Quiroga y los otros dos imputados, Martín Guiloff y Santiago Garretón, habrían inflado artificialmente el valor de Australis, para venderla a los chinos de Joyvio.

Este miércoles 15 de enero, en el Cuarto Juzgado de Garantía, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra tres exejecutivos de la empresa salmonera Australis Seafoods, que fue vendida al gigante chino Joyvio en 2019 por US$921 millones y que hoy los tiene enfrentados, luego de la querella de los compradores por estafa y administración desleal. La corporación asiática dice haber tomado conocimiento recién en 2022 de las infracciones efectuadas por la empresa previo a la venta, tras lo cual decidió autodenunciarse por aumentar ilegalmente la biomasa cultivada.

Este caso, por el cual el Tribunal decretó arraigo nacional y firma cada tres meses para Quiroga y Garretón y firma en el consulado de Madrid para Guiloff (vive en España), es un fuerte llamado de atención sobre una de las prácticas insustentables de la industria salmonera: la sobreproducción. Como parte de su acusación, la Fiscal Constanza Encina  indicó que el "valor patrimonial irreal y artificialmente fue abultado por una situación productiva sostenida en el incumplimiento reiterado a los niveles máximos de producción autorizados por la legislación ambiental".

Los integrantes de la campaña Salvemos la Patagonia destacaron, como han consignado varios medios de comunicación, que la Fiscal argumentara que los exejecutivos crearon un "plan de sobreproducción sostenida en el tiempo respecto de la mayoría de los centros productivos de Australis". Esto hizo posible la empresa alcanzara una producción total de 329.670 toneladas entre 2018 y 2022, excediendo en 98.288 toneladas el límite máximo permitido de 231.381,8 toneladas establecido por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

De este modo, desde Salvemos la Patagonia, campaña cuyo objetivo es el retiro de la salmonicultura del interior de las áreas protegidas, sin relocalización, destacaron la formalización, que hace eco del llamado que han hecho para que las autoridades hagan cumplir la ley. 

"No estamos pidiendo nada extraordinario, al querer que la industria respete la normativa vigente, solo tratamos de evitar mayor daño en los ecosistemas patagónicos y que la  autoridad se ocupe de corregir hechos como el de Australis. El crecimiento de la salmonicultura ha sido en gran medida a costa de producir sobre la biomasa autorizada y en muchos casos al interior de áreas protegidas, como ha demostrado información de Fundación Terram, integrante de la Alianza por la Defensa de las Áreas Protegidas que lleva adelante la campaña", señaló Flavia Liberona, directora ejecutiva de esa organización, integrante de la campaña Salvemos la Patagonia.

Puntualmente, Australis mantiene 39 procesos para igual cantidad de centros, en distintas etapas del proceso sancionatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), 29 de los cuales se localizan al interior de las reservas nacionales Las Guaitecas (Aysén) y Kawésqar (Magallanes).
Por otro lado, la empresa posee otros casos de sobreproducción que no han sido detectados por la SMA, según una denuncia de Terram:19 en la RN Las Guaitecas y 4 en la RN Kawésqar. Cabe recordar que, en su totalidad, hay más casos no detectados, correspondientes a sobreproducción de otras empresas: 24 en el PN Alberto de Agostini (Magallanes), 65 en Las Guaitecas y 6 en Kawésqar.

Además, la querella de Joyvio contra Quiroga pone en el tapete que el incumplimiento de la legalidad vigente ha significado una especie de "empleo fantasma" (o "sobreempleo"), ya que parte de los puestos de trabajo sólo fueron posibles dadas las ilegalidades de la empresa. "Eso quedó demostrado con la reducción de alrededor de un 20% del personal en Australis, consecuencia de la disminución en su producción gatillado en gran parte por las infracciones por sobreproducción", indicó Patricio Segura, presidente de Fundación Aysenda, integrante de la campaña Salvemos la Patagonia.

"Exigimos que la ley se respete. Especialmente cuando la producción salmonera está ubicada dentro de bienes nacionales de uso público, y más aún en parques y reservas nacionales, que están protegidos por el Estado y que deben cumplir el objetivo para el cual fueron creados: la conservación de la naturaleza", enfatizó Patricio Segura.